2 de junio de 2000.
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2 de junio de 2000. |
MICROSEMANARIO
A#O: 10 Nro.: 401
Viernes 2 de junio de 2000
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% INDICE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
EL AJUSTE QUE VINO
TODOS DICEN LO SUYO
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<> EL AJUSTE QUE VINO
Luego de sucesivas postergaciones el anunciado ajuste de las
cuentas públicas fue dado a conocer el pasado lunes 29. La medida
oficial fue largamente debatida en el seno del Gobierno aliancista
durante el fin de semana, y concluyó con una suerte de empate en
los dos sectores enfrentados del gabinete nacional: el ala
económica y la política. Mientras los primeros procuraron acentuar
aún más el cercenamiento de gastos, los segundos trataron de
morigerar sus consecuencias, conocedores de los efectos negativos
sobre la popularidad del gobierno. Este es el segundo ajuste en
apenas de seis meses de gestión -el primero había sido el
impuestazo de diciembre pasado- y no ha causado precisamente el
beneplácito del ciudadano común. En cambio ha sido bienvenido por
la clase empresaria, que reclama aún más medidas para combatir el
déficit fiscal. Con estas disposiciones, el gobierno del
presidente Fernando De la Rúa ha intentado dar a los inversores
externos y la banca extranjera señales de su intención de reducir
el déficit y ahuyentar los rumores sobre la dolarización de la
economía o el abandono del plan de convertibilidad, que ató al peso
argentino a una paridad de 1 a 1 con el dólar estadounidense.
- El detalle de los recortes
El lunes se anunció que el recorte de gastos será de 538 millones
de pesos para lo que resta del 2000, que tendrá como objeto reducir el
déficit fiscal para que a fin de año llegue a las metas pautadas con el
Fondo Monetario Internacional (FMI). Se procura que, medido en términos
anuales, el recorte arribe a los 938 millones de pesos, de los cuales 300
se destinarían al Plan Trabajar (subsidios para desempleados) y al Fondo de
ayuda para las inundaciones. Para generar estos montos se decidió la baja
de salarios para empleados públicos, supresión de dependencias estatales,
no renovación de contratos de personal eventual, eliminación parcial de
jubilaciones de privilegio, y cambios en el sistema de obras sociales,
entre otras medidas que detallamos a continuación:
* Disminución de salarios para 140 mil empleados públicos que
perciben más de 1.000 pesos. Se les descontará el 12% a los comprendidos
entre la franja de 1.000 a 6.500 pesos -son el 49,6% del plantel del
Estado, y el porcentaje aumentará al 15% para quienes ganen más de 6.500
-sólo el 0,4%-. En cambio, el restante 51% de trabajadores estatales que
ganan menos de mil pesos no tendrá descuentos. Se estima un ahorro de 344
millones de pesos en el semestre. Antes de confirmarse el piso de 1000
pesos para los descuentos salariales, se comentaba durante el fin de semana
que las reducciones arrancarían a partir de quienes cobran 700 pesos.
También alcanzará a las universidades nacionales (20 millones), aunque en
este caso serán ellas quienes definirán si lo implementan mediante
reducciones salariales u otro tipo de medidas. Como en el caso anterior,
también se rumoreaba que la quita iba a llegar a los cien millones.
Estarán exceptuados de estos recortes los legisladores nacionales,
jueces y fiscales. En el caso de los primeros, es el propio Congreso quien
decide las dietas y gastos de representación -nunca escasos- de sus
miembros. Debido a que no tiene jurisdicción para incluirlos en los
recortes, el gobierno nacional instó a los legisladores, tanto nacionales
como provinciales, y a las gobernaciones para que se reduzcan sus dietas,
salarios y gastos. Existen casos -como los integrantes de las legislaturas
de Buenos Aires y Formosa- donde cada miembro se alza mensualmente con 20
mil pesos, entre dieta, gastos de representación y beneficios varios. En
el caso de los magistrados, existe una controvertida cláusula de la
Constitución que declara la intangibilidad de sus salarios, por lo que ya
en una ocasión la Corte Suprema falló en contra de los descuentos a los
jueces. Estos gozan además del privilegio de no pagar el impuesto a las
ganancias.
* Reestructuración de dependencias estatales: estarán comprendidos
los Institutos Nacionales de la Administración Pública y el Superior de
Economistas del gobierno, el cuerpo de Administradores del Estado; se
fusionarán el Senasa, ONCA y el INAL. También se anunciaron -pero habría
una marcha atrás- el cierre de la imprenta del Congreso de la Nación- y
reestructuración en la agencia de noticias Télam, donde igualmente se
produciría una reducción de personal.
* Cambios en el sistema de obras sociales sindicales. A partir del
año próximo se podrá optar libremente por las obras sociales y las empresas
privadas de medicina prepaga. Además se eliminarán los subsidios a las
OO.SS. deficitarias. Este es uno de los puntos que más fricciones genera
con las centrales sindicales.
* Reducción de jubilaciones especiales. Son las llamadas
"jubilaciones de privilegio", concedidas a ex funcionarios gubernamentales,
tanto del gobierno central, Congreso, y en particular en varias cajas de
jubilaciones provinciales que pasaron a la órbita nacional. Existen 58 mil
personas en estas condiciones, de las cuales 57 mil provienen de regímenes
especiales de las provincias de La Rioja, Catamarca, Jujuy, Mendoza, R{io
Negro, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán y Santiago del Estero. De ellos,
hay mil jubilados de menos de 40 años, y 11.300 de entre 41 y 50 años. Se
recortará la mitad de las jubilaciones a quienes tengan menos de 50 años, y
el 33% para los beneficiarios de 50 a 60 años. Se calcula un ahorro de 140
millones de pesos para los próximos seis meses.
A su vez, se estudia enviar al Congreso un proyecto para aumentar a
65 años la edad jubilatoria de las mujeres, y la reducción de la Prestación
Básica Universal (PBU), una garantía del Estado, que de 200 pesos
descenderá a 150 pesos para los nuevos jubilados hombres, y a 125 para las
mujeres. Asimismo se decidió establecer la incompatibilidad de cobro
simultáneo de remuneraciones y jubilaciones en la administración pública,
tanto para personal de planta permanente como para contratados.
* También existen otras medidas, como el recorte de gastos del Poder
Legislativo y la venta de activos (tenencia de acciones) de empresas
privatizadas. Para estos y los otros puntos citados se empleará el recurso
-muy utilizado por el pasado gobierno- de los decretos de necesidad y
urgencia. Además se impulsarían obras de insfraestructura solventadas con
capitales privados.
En defensa del ajuste, al que catalogó de "coyuntural y
transitorio", el presidente De la Rúa explicó que las medidas se deben a
"circunstancias excepcionales, la mayoría internacionales, como la suba de
la tasa de interés en Estados Unidos y la devaluación del euro, y el
objetivo principal es fortalecer la confianza en la marcha de la economía".
Por su parte, el ministro de Economía José Luis Machinea añadió que "la
suba de las tasas de interés internacionales, el aumento en la
inestabilidad de los mercados financieron en el mundo y la apreciación del
dólar nos enfrenta a un escenario adverso. La indispensable reactivación
de la economía podría verse amenazada". Los funcionarios del área
económica suponen que el plan de ajuste provocará la confianza de los
inversores extranjeros, causando el ingreso de capitales, abarantando el
financiamiento para la inversión y el consumo.
También creen -pero no se animan a reconocerlo- que la baja de los
salarios públicos acompañará a los sueldos privados, que ya se fueron al
descenso. Por último, el titular de la Secretaría de Inteligencia del
Estado (SIDE), Fernando de Santibañes -suerte de monje negro de la
administración aliancista-, explicó el lunes que "esto demuestra que es un
gobierno que está dispuesto a comprar conflictos, que no le tiembla a los
conflictos. Por primera vez es un ajuste serio porque, si bien es
chiquito, es de una calidad muy superior a otros. La rebaja de salarios se
traduce en un ahorro inmediato para el Estado y, por eso, es preferible a
otros ajustes bajados en recortes inciertos de obras, inversión o
programas".
- Descontento y oposición en el oficialismo
El ajuste motivó largas discusiones en el gabinete nacional, donde
parte de sus integrantes pujan por incrementarlos. Son los miembros de la
llamada ala económica, que comparten la profesión de economistas: José
Luis Machinea (Economía), Juan José Llach (Educación), Ricardo López Murphy
(Defensa), y Adalberto Rodríguez Giavarini (Relaciones Exteriores). Salvo
Llach, extrapartidario, todos son de extracción radical. Están enfrentados
con el ala política, compuesta por tres radicales: el jefe de Gabinete
Rodolfo Terragno y los ministros Federico Storani (Interior) y Héctor
Lombardo (Salud); y los frepasistas Alberto Flamarique (Trabajo) y
Graciela Fernández Meijide (Desarrollo Social).. Sin participar de este
grupo, pero crítico de los recursos está el titular de la cartera de
Infraestructura, Nicolás Gallo, amigo personal del Presidente. Entre los
"politicos" también se cuenta el vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez,
mientras que el presidente De la Rúa es el fiel de la balanza. Sin cargos
en el Gobierno, pero como presidente de la Unión Cívica Radical y con
fuerte ascendente en su partido, el ex presidente Raúl Alfonsín redobló sus
cuestionamientos a las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI),
pero sin referirse expresamente a la actual administración.
Más complicada es la situación en el bloque de diputados de la
Alianza, donde ya hay un grupo compuesto por una decena de legisladores que
cuestiona abiertamente las medidas. Este subloque ya se había opuesto a la
sanción de la ley de reforma laboral en abril pasado, y ahora incluso
participó de la heterogénea marcha de protesta organizada por las centrales
sindicales el pasado miércoles 31 en contra del ajuste. Al grupo lo
integran los radicales Elisa Carrió (Chaco) y Enrique Martínez (Bs.As.),
los socialistas democráticos Alfredo Bravo, Jorge Rivas y Hércot Polino,
los frepasistas -de extracción sindical- Marcela Bordenave y Alicia Castro,
y el dirigente ruralista Humberto Volando, entre otros. Más allá de este
grupo, el clima reinante dentro del bloque legislativo de la Alianza no es
el mejor, ya que muchos diputados han expresado su disconformidad con el
rumbo tomado por el gobierno.
- Críticas de la oposición y el sindicalismo
Como es de imaginarse el ajuste ha provocado la crítica abierta del
sindicalismo en todas sus vertientes. Por un lado cuestionan las medidas
las dos alas de la Confederación General del Trabajo, tanto la "oficial",
liderada por Rodolfo Daer, como la "rebelde" del camionero Hugo Moyano.
También coinciden con los cuestionamientos dos agrupaciones menores
hubicadas más hacia la izquierda, la Central de los Trabajadores Argentinos
(CTA), liderada por el estatal Víctor De Gennaro, y la Corriente Clasista
Combativa (CCC), del estatal jujeño Carlos "Perro" Santillán. Estos
agrupamientos ya han coincidido en la marcha realizada a la plaza de mayo
este míércoles, y llamaron a un paro general de actividades para el viernes
9 de junio, entre otras medidas que podrían incluir un llamado a no pagar
impuestos. Esta sería la segunda huelga general al gobierno aliancista.
En tanto, estos y otros sectores coincidieron en la marcha del
miércoles pasado. La convocatorio corrió por cuenta de la CGT de Moyano, y
contó con las más disímiles participaciones. Oportunismo político,
intereses económicos afectados y real oposición a las medidas llevaron a
manifestar a unas 100 mil personas (según los organizadores, 35 mil de
acuerdo a la policía). En una reunión "cambalachesca", estaban desde
organismos de derechos humanos a partidos de izquierda, sectores del
justicialismo bonaerense, sindicatos de las cuatro agrupaciones ya citadas
y hasta un delegado del arzobispo Raúl Primatesta. Entre los políticos se
dejaron ver los justicialistas Antonio Cafiero e Hilda "Chiche" Duhalde,
esposa del ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde, el vicegobernador
bonaerense Felipe Sola; el ex carapintada Aldo Rico, el menemista Fernando
Galmarini, y Gustavo Béliz, reciente aliado del conservador Domingo Cavallo
en los comicios de la ciudad de Buenos Aires.
- Opiniones de los empresarios
La clase empresaria nacional coincidió en su apoyo a las medidas
del gobierno argentino, aunque con distintos matices. Para el economista
liberal Roberto Alemann, "al anuncio le falto contundencia, fue un mensaje
diluido, aunque fue al fondo del asunto. La rebaja de sueldos es
importante, deberían aplicarla desde los salarios opr pagarse en mayo,
porque es un mes crítico sobre las cuentas del trimestre. El FMI lo va a
aceptar". A su vez, el ex funcionario menemista Martín Redrado, de la
Fundación Capital, estimó que "lo positivo es que por primera vez hay una
focalización en el gasto y en frenar el endeudamiento. Hubiera preferido
una reforma más profunda de la estructura administrativa. Esto prenuncia
que puede haber más ajustes en el futuro". Para el empresario Enrique
Pescarmona, el ajuste "el plan es muy bueno. En el sector privado los
sueldos cayeron 22% en los últimos cuatro años. Y el sector público fue el
único que no había ajustado los salarios. No es recesivo porque logrará
una caída del riesgo país, que incentivará el consumo".
En cambio, para Eduardo Baglietto, del grupo Techint, "el posible
efecto negativo en el consumo por la baja de salarios se puede compensar
con los 500 mil puestos de trabajo que se crearán con el plan de obras".
Más pesimisma resultó Osvaldo Cornide, de la Coordinación de Actividades
Mercantiles (CAME), quien afirmó que "nuestro sector está directamente
vinculado al público, y la disminución de sueldos y el incremento de
impuestos opera negativamente sobre nuestros negocios". También conmovido
por la baja del consumo, Luciano Miguens, de la Sociedad Rural Argentina
(SRA), manifestó que "somos productores de alimentos, y este achique de
sueldos, lógicamente, va a provocar una reducicón en el poder adquisitivo
del consumidor, con lo cual podríamos ver afectada la colocación de
nuestros productos". Más allá de objeciones parciales, el grueso del
empresariado convalidó las medidas del gobierno en una reunión sostenida
con el ministro Machinea el martes 30. También se reflejó en el incremento
de la Bolsa, que creció un 3,6% al día siguiente del anuncio.
- Dispares posiciones de la Iglesia Católica
Resulta curiosa la situación de la Iglesia Católica argentina en
referencia a las recientes medidas ecónomicas, ya que existen visiones
contrapuestas en su jerarquía. Los obispos argentinos se han caracterizado
por su perfil conservador y no dejó de llamar la atención que días atrás,
monseñor Raúl Primatesta, arzobispo de Córdoba, haya avalado la marcha de
protesta sindical del miércoles. Incluso sorprendió aún más que haya
enviado a un representante, el laico Guillermo García Caliendo, como orador
en el encuentro. Esta postura del anciano arzobispo no fueron acompañadas
por el titular del Episcopado argentino, Estanislao Karlic, y otros
obispos, quienes sin dejar de pronunciar críticas prefieren no embanderarse
con sectores partidarios. Coincidió este martes un encuentro -concertado
con antelación- entre el presidente De la Rúa con Karlic y otros prelados.
El presidente la solicitó a los obispos ayuda "para contener los reclamos
sociales y evitar posibles estallidos violentos", como relatara el matutino
Clarín del pasado miércoles. Uno de los participantes, monseñor Eduardo
Mirás declaró que la Iglesia "va a acompañar siempre los pedidos de
justicia social, lo cual no significa que vaya a participar de una marcha o
una huelga".
- Metida de pata
Coincidiendo con todos estos sucesos el hijo del presidente,
Antonio De la Rúa, fue el tema principal de todas las revistas del corazón.
Ocurre que el joven -26 años- está viviendo un fogoso romance con la
cantante pop colombiana Shakira, con quien estuvo unos días de vacaciones
en Bariloche y Miami. Si bien no cumple funciones dentro del Estado, y los
gastos los habría pagado de su bolsillo, no dejó de causar cierta
irritación en la opinión pública. Sucede que la Alianza siempre procuró
diferenciarse de la "frivolidad" de la pasada administración menemista, y
estos hechos no la ayudan.
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<> TODOS DICEN LO SUYO
AJUSTE
"Somos conscientes de que se tomarán medidas impopulares, pero no vinimos a
hacer demagogia sino a tratar de solucionar las cuestiones de fondo".
Senador Raúl Galván (UCR-La Rioja). (Clarín 27/5/00)
"En enero, recuerdo muy claramente lo que dijo el ministro de Economía
(Machinea): que se había terminado la recesión. Pero trascartón vino el
impuestazo y terminaron aplastando al país. Lo dejaron sin posibilidades
de crecimiento y los resultados están a la vista". Ex presidente Carlos
Menem. (Clarín 27/5/00)
"Nosotros dijimos las cosas tal cual eran. Recibimos un déficit de 10 mil
millones de pesos. Había que salir del abismo y nosotros salimos. Por
supuesto que las cosas se pueden hacer mejor. Por ejemplo, en los
programas sociales hemos mejorado la eficacia, pero la grave situación
social del país es conocida y es preexistene, así que tenemos que trabajar
más sobre ella. Ojalá en vez de déficit hubieran dejado superavil para yo
ser simplemente quien, distribuyendo los recursos sobranes, le ponga rápida
solución a todo. Sería mi mayor felicidad. A mí no me alegra el déficit,
a nadie le puede alegrar, simplemente que es la realidad existente. Porque
hay muchos problemas cuando hablamos de 10 millones de personas en la
pobreza y 14% de desempleo". Presidente Fernando De la Rúa. (Clarín
28/5/00)
"Hay variados anuncios, algunos positivos como el de una política de obra
pública con financiamiento privado, y otros negativos como es la
disminución salarial y la eliminación de la prestación básica universal
para los jubilados". Gobernador justicialista de Buenos Aires, Carlos
Ruckauf. (Página/12 30/5/00)
"Yo diría que no recuerdo otro lugar donde se hayan realizado un recorte
slaarias de esta magnitud en todo el mundo. Lo que quiero enfatizar es que
el gobierno argentino está comprometido con el equilibrio fiscal y la
establidad". Ministro de Economía José Luis Machinea, a inversores
extranjeros. (Página/12 31/5/00)
"Llamamos a un verdadero consenso para resistir una política económica que
nos quiere ver de rodillas frente a intereses internacionales. Si no nos
unimos nosotros vamos a ser una colonia como quieren los de afuera".
Guillermo García Caliendo, enviado del arzobispo Primatesta, en el actor
sindical. (Página/12 1/6/00)
HACE UN AÑO YA
"Si el régimen cambiario no es flexible debe haber flexibilidad por algún
lado, en crisis como ésta necesitamos poder bajar legalmente los salarios".
Actual ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, a La Nación del 15/4/99.
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