14 de julio de 2000.
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14 de julio de 2000. |
MICROSEMANARIO
A#O: 10 Nro.: 407
Viernes 14 de julio de 2000
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% INDICE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
DERECHOS HUMANOS: polémica por proyecto de "mesa de diálogo"
MALVINAS: ?Chau seducción?
ECONOMIA: aparecen índices favorables
BREVISIMAS
TODOS DICEN LO SUYO
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<> DERECHOS HUMANOS
Polémica por proyecto de "mesa de diálogo"
La posibilidad de impulsar una "mesa de diálogo" entre el Gobierno,
las Fuerzas Armadas y los Organismos defensores de los Derechos Humanos ha
generado reacciones encontradas en la última semana. La propuesta es
apuntalada por el Ejército pero tiene la oposición de los organismos,
mientras que el gobierno permanece vacilante, con funcionarios que ven con
simpatía esta proposición mientras que otros prefieren la vía judicial para
encaminar el tema. La finalidad de la propuesta, tal como argumentan en
círculos cercanos al Ejército, es la de llegar a una verdad completa de los
sucesos de violencia acontecidos en la Argentina en las décadas de 1970 y
principios de 1980. Empero, más allá de las propuestas de diálogo, las
heridas de la tragedia argentina no cicatrizarán tan rápido. Lo demuestra
lo ocurrido en la noche del último jueves, cuando el ex represor Julián
Simón (alías el Turco) fue agredido por manifestantes de izquierda cuando
lo reconocieron en un restaurante frente al Congreso.
Estas iniciativas marcan un nuevo rumbo en la política del Ejército
sobre el tema del terrorismo de Estado de la dictadura del autodenominado
"proceso de reorganización nacional" (1976-83). Hasta diciembre último
había prevalecido la postura del ex jefe del arma, teniente general Martín
Balza, quien en 1995 efectuó una autocrítica por el rol desempeñado por el
Ejército en aquellos años. La nueva postura militar incluyó un sondeo
informal al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Bergoglio, sobre un
eventual apoyo de la Iglesia Católica a la "mesa de diálogo". Dicha
exploración habría sucedido en mayo pero recién trascendió el lunes 11. En
esa oportunidad, el jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, acompañado
por el jefe de Estado Mayor del arma, general Juan Mugnolo y sus pares de
la Armada, almirante Joaquín Stella y de la Fuerza Aérea, brigadier Walter
Barbero, explicó al religioso la propuesta de implementar una mesa de
diálogo para intentar armar "una versión completa" sobre la represión
ilegal y la acción de la guerrilla.
Brinzoni habría dicho que quienes declaren "necesitarían de alguna
garantía judicial de que no sufrirán represalias", y del consenso del
gobierno y la oposición en el Congreso. Su propuesta estaría inspirada en
el proyecto de ley del diputado justicialista Mario Cafiero, quien impulsa
la creación de una comisión de notables donde representantes de la Iglesia
y otras confesiones puedan recibir confesiones de militares que
participaron de la represión ilegal.
Conocido el tema a través de los medios, el presidente Fernando De
la Rúa declaró que la utilidad de la mesa "depende de la voluntad que
pongan todas las partes", y que esta tarea "no es fácil en la Argentina",
pero que "en Chile está dando resultados". El miércoles pasado declaró que
"es positivo que se esté estudiando alguna forma de que todos los sectores
colaboren" para arribar a la verdad sobre el destino de los desaparecidos,
e insistió que experiencia chilena "es un buen ejemplo".
El Gobierno mira con atención la experiencia chilena, donde
gobierno, fuerzas armadas y organismos de derechos humanos están tratando
la situación de la violación de los derechos humanos en la dictadura de
Augusto Pinochet. Tras casi un año de tratativas las fuerzas armadas
trasandinas reconocieron la existencia de desaparecidos y expresaron su
intención de colaborar en su hallazgo. Esta propuesta tendría el aval del
ministro del Interior, Federico Storani, quien declaró que "es positivo que
se esté estudiando alguna forma de que todos los sectores colaboren". En
cambio, el ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra -quien en 1985 era uno
de los camaristas que condenó a los ex dictadores- afirmó que es en la
Justicia "donde tiene que resolverse" la búsqueda de la verdad sobre los
desaparecidos. "Los caminos de la Justicia están abiertos y hay que
respetarlos plenamente", a la vez que "no es bueno" que el Ejército apoye a
quien se niegue a declarar ante los tribunales
Hasta el momento el Episcopado no se ha pronunciado oficialmente
sobre la iniciativa, pero declaró su predisposición a "encontrar la
anhelada reconciliación nacional". La única declaración contundente
provino del secretario general del Episcopado, monseñor Guillermo Rodríguez
Melgarejo, quien negó que la cúpula de la Iglesia haya debatido la
propuesta. "Es un invento total -manifestó- Nunca tratamos el tema. Hoy
(por el martes 11) tuvimos una reunión de la comisión ejecutiva del
Episcopado y el asunto ni se tocó". Consultado sobre la posición que
tomaría la Iglesia ante una eventual participación, declaró que "depende en
qué términos se haga la invitación, habría que ver su viabilidad".
Concluyó que "si es algo para encender nuevos rencores y viejas heridas o
para ingresar en un callejón sin salida, seguramente que a la Iglesia no le
interesará participar. ?Para qué echar más leña al fuego? En cambio, si
es algo superador, podría llegar a ser viable".
Por su parte, los organismos de derechos humanos rechazaron esta
iniciativa e insisten en continuar la búsqueda de la verdad a través de los
procesos abiertos en tribunales de La Plata, Bahía Blanca y Córdoba. Esos
juicios son sólo para indagar sobre el destino de los desaparecidos, ya que
por las leyes de punto final y obediencia debida, sancionadas en 1986 y
1987, y los indultos de 1989 y 1990, no existe posibilidad de punir los
delitos cometidos. La excepción son los procesos por apropiación ilegal de
menores, que no fueron incluidos en dichas normas (ver Brevísimas). "Si
Brinzoni propone esto para salvar a los suyos es inmundo, repudiable y nos
denigra", sostuvo Estela Barnes de Carlotto, presidenta de las Abuelas de
Plaza de Mayo. Agregó que "el Gobierno mira para otro lado, esas actitudes
merecen una sanción del comandante en jefe de las fuerzas armadas, que es
el presidente De la Rua".
Alfredo Bravo, diputado aliancista y miembro de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos, dijo que "Brinzoni quiere cerrar las
heridas sin que intervenga la Justicia. Lo poco que habíamos podido
avanzar con (el ex jefe) Martín Balza lo estamos retrocediendo". Opinó que
"todos saben lo que pienso de mi archienemigo Carlos (por Menem), pero lo
cierto es que él hacía valer su poder sobre las fuerzas armadas". Y estimó
que la mesa "se convertirá en un monólogo de cómplices para crear un nuevo
punto final".
Antes de este debate, el fin de semana pasado el Ejército dio su
apoyo a un militar retirado que se negó a declarar ante la Justicia en una
causa que procura determinar el destino final de desaparecidos. "Vine a
ponerme a disposición suya y de su familia, en este momento difícil que
está atravesando", explicó el secretario general del arma, general Eduardo
Alfonso, luego de visitar el domingo 9 de julio al ex suboficial Armando
Barrera (59 años). Este fue arrestado el viernes 7 por orden de la Cámara
Federal de Bahía Blanca, tras negarse a testimoniar. Pese a que el general
Alonso explicó que su intención era "reunirme con Barrera para saludarlo en
el Día de la Patria" (sic), y que el Ejército "apoya y colabora con la
reconstrucción de la verdad", no parecen muy verosímiles sus dichos. El
Ejército ya había actuado de la misma manera en mayo pasado, cuando por
idéntico motivo fue arrestado el suboficial Santiago Cruciani, quien desde
entonces permanece detenido en el hospital militar de Mendoza por problemas
de salud. Tras esta medida del Ejército, un grupo de seis diputados
nacionales de la Alianza -entre ellos Alfredo Bravo- presentó un proyecto
de resolución demandando al Ministerio de Defensa que explique el apoyo del
Ejército a los militares detenidos.
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<> MALVINAS
?chau sedución?
El gobierno argentino parece endurecer su política hacia Gran Bretaña por
el diferendo sobre las islas Malvinas (Falkland para los británicos),
cuando esta semana reclamó en las Naciones Unidas que se debata la
soberanía del archipiélago. La iniciativa del canciller Adalberto
Rodríguez Giavarini significaría el fín del "paraguas" y de la estrategia
de seducción implementada por su antecesor, el justicialista Guido Di
Tella, quien postergó la discusión por la soberanía de las Malvinas y se
propuso convencer a los isleños de la conveniencia de mantener relaciones
amistosas con la Argentina continental. Tras la fugaz recuperación
argentina de las islas, en abril de 1982 durante la dictadura del general
Leopoldo Galtieri (que finalizó con una guerra con el Reino Unido), los
kelpers se negaron a mantener vínculos con los argentinos, y recién a fines
del año pasado se restablecieron las comunicaciones aéreas y se autorizó su
ingreso a las Malvinas
Este martes pasado, Rodríguez Giavarini afirmó en su presentación ante el
Comité de Descolonización de la ONU que la prioridad del gobierno argentino
es tratar el tema de la soberanía directamente con los británicos, quienes
se niegan a hacerlo. El canciller sostuvo que "seguir dando la espalda a
la solución de la controversia atenta contra las posibilidades de un futuro
más armónico". Destacó que "teniendo presente el muy buen nivel de nuestra
relación con el Reino Unido el Gobierno argentino cree que contamos con un
marco favorable para el tratamiento bilateral de la disputa de soberanía y
para la superación de los desencuentros". Y concluyó que "mi país no
declinará jamás el reclamo por su restitución".
El reclamo argentino por la restitución de las islas fue apoyado por el
Comité, que se pronunció por "una solución pacífica y negociada a la
controversia" y aconsejó que ambos países "afiancen el actual proceso de
diálogo y cooperación". Resta aguardar los próximos pasos de la diplomacia
argentina para poder evaluar si esto significará un cambio de la política
exterior o es sólo un gesto hacia la opinión pública nacional. En los
últimos años la Alianza cuestionó duramente la política de seducción de la
pasada administración justicialista. Como es de suponer, el gobierno
británico rechazó los argumentos argentinos. "Nosotros estamos
comprometidos a asegurar la seguridad de las islas Falkland. Continuaremos
estacionando un fuerte cuartel con todos los recursos para las tres fuerzas
armadas, no en insubstancial presencia", declaró el miércoles el
vicecanciller británico John Battle. Por último, este viernes, al cierre
de esta edición ambos países denunciaban invasiones de sus respectivos
espacios aéreos y aguas territoriales.
<> ECONOMIA
Aparecen índices favorables
Distintos indicadores han mejorado el ánimo del equipo económico,
pese a que prácticamente se ha confirmado el incremento del desempleo. El
primero de ellos es que en junio el superávit del Tesoro Nacional fue de
726,6 millones de dólares. Según lo informado por el Ministerio de
Economía, el total de ingresos que se registraron en junio fue de 2.538,5
millones, 47,5% más que los 1.721,1 millones obtenidos en junio de 1999.
Con estas cifras el gobierno podrá cerrar las cuentas del primer semestre
con un sobrecumplimiento cercano a los 300 millones respecto de la meta
pautada con el FMI.
También favoreció el buen ánimo el anuncio del superávit comercial
de 1.000 millones de dólares obtenido en el primer semestre del año, lo que
implica una mejora de 1.400 millones con respecto a idéntico período del
año anterior. Si bien las cifras del superávit comercial son interpretadas
por el Gobierno como un indicador positivo de la recuperación de la
actividad económica nacional, no hay que olvidar que el incremento de las
exportaciones se basó en el aumento del precio internacional de algunos
productos (petróleo, etc.), y que no afecta al mercado laboral de manera
directa.
El gobierno nacional anunció además nuevos planes destinados a
contener la delicada coyuntura social. Estos son: un Plan de Obra Pública
de 21.000 millones de pesos para el próximo lustro, el reagrupamiento de
los programas sociales y el lanzamiento del "Programa Dignidad" dirigido a
la población indigente; el anuncio de un Programa de Empleo que
reemplazará en el tiempo al actual "Programa Trabajar" (un subsidio de
desempleo encubierto), que estará destinado a los jefes de hogar cuya edad
supere los 40 años. Con estos anuncios el gobierno aliancista procura
recobrar la credibilidad social -que había comenzado a perder entre mayo y
junio- aprovechando la tregua otorgada por las variables económicas.
En cambio, las malas noticias provienen del ámbito laboral, ya que
procesados la mitad de los datos de la encuesta permanente de hogares, el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) sólo tiene que
determinar el incremento del desempleo de mayo. Se estima que el número de
desocupados rondaría el 15,3-15,5%. En la anterior medición, en octubre de
1999, la tasa de desempleo descendió al 13,8%, luego de ubicarse en el
14,5% en mayo del mismo año. Las cifras definitivas estarán recién
disponibles para el 20 de julio próximo.
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<> BREVISIMAS
* DENUNCIAN APREMIOS ILEGALES. En los últimos días se han difundido
varios casos de presuntos abusos policiales. A los casos comentados días
atrás en Mendoza y Corrientes, se han agregado dos más. El primero de
ellos ocurrido en Jujuy, donde policías federales mataron a un comerciante
y luego habrían intentado ocultar los hechos desviando la atención a un
falso operativo antinarcótico. La muerte de Manuel Fernández causó la
detención de diez policías federales acusados por la Justicia. La otras
denuncias provienen de Santiago del Estero, donde el albañil Aldo Bravo
denunció haber sido torturado en una dependencia policial en La Banda.
* CONFIRMAN PROCESAMIENTO. El pasado viernes 7 la Cámara Federal
porteña confirmó el procesamiento y las prisiones preventivas de ex jefes
militares, que irán a juicio oral por robo y apropiación ilegal de niños
durante la pasada dictadura apenas la Cámara de Casación resuelva los
incidentes de cosa juzgada y prescripción. La medida afecta a Emilio
Massera, Reynaldo Bignone, Rubén Franco, Cristino Nicolaides, Carlos Suárez
Mason, Juan Sasiaiñ, Jorge Acosta, Antonio Vañek y Héctor Febrés. También
está incluido el ex dictador Jorge Videla, donde la Corte deberá resolver
los incidentes de cosa juzgada y prescripción. La Cámara consideró que se
"ha logrado demostrar" que "se trasladó a algunas mujeres embarazadas
provenientes de distintos centros clandestinos de detención a la ESMA
(Escuela de Mecánica de la Armada) a fin de que dieran a luz, separándolas
posteriormente de sus hijos". Casos similares ocurrieron en otros centros
clandestinos.
* LEVANTAN HUELGA. Al cierre de esta edición del Microsemanario los
presos del Movimiento Todos por la Patria (MTP) decidieron terminar una
protesta de casi 50 días. El final de la huelga coincidió con el
compromiso gubernamental de tratar en el Congreso los proyectos
legislativos que permitiría revisar su situación jurídica. Los integrantes
del comando del MTP que coparon el regimiento del Ejército de La Tablada en
el verano de 1989 y fueron condenados a largas penas de prisión. Pero su
fallo fue cuestionado, e incluso la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) por carecer de una segunda instancia de apelación. Esta
situación se remediaría cuando recomiencen las sesiones en el Congreso el
próximo 3 de agosto.
* CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. El miércoles 12, por primera vez en la
historia de la justicia federal argentina, el plenario del Consejo de la
Magistratura eligió a la primera terna de jueces propuestos para ocupar un
cargo. Uno de los integrantes de la terna, integrada por Carlos Compaired,
Eva Parcio y Aldo Suárez, será elegido por el presidente Fernando de la
Rúa, quien elevará su pliego al Senado para su aprobación. Quien resulte
elegido ocupará uno de los juzgados federales de Comodoro Rivadavia.
Después de un año y medio de su instalación, el Consejo -creado por la
reforma constitucional de 1994- cumplirá con una de sus principales
funciones: la de elegir a los aspirantes para un cargo de magistrado.
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<> TODOS DICEN LO SUYO
MESA DE DIALOGO
"Nosotros no nos vamos a sentar con militares, con genocidas ni con
represores, de ninguna manera. Si hay abiertos juicios por la Verdad, que
vayan, justamente en ese marco tienen hasta el beneficio de no quedar
detenidos, salvo cuando se empeñan en no querer hablar cuando tienen la
obligación de hacerlo". Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo - Línea
Fundadora. (Página/12 12/7/00)
"Crear otra comisión, ya sea la de Brinzoni o la que quería la secretaria
de Derechos Humanos, Diana Conti, es realmente dar una nueva instancia de
impunidad. La investigación tiene que correr por parte de la Justicia".
Graciela Rosemblum, copresidenta de la Liga Argentina por los Derechos del
Hombre. (Clarín 11/7/00).
"Si en el futuro hubiera una mesa de concertación que sumara a la búsqueda
de la verdad -no que reemplazara a los Juicios por la Verdad-, basada en un
gran consenso y sirviera como otro camino para llegar a la verdad, no me
opondría, pero ahora es prematuro hablar de ese tema". Ministro de
Justicia Ricardo Gil Lavedra. (Página/12 12/7/00)
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