Desde hace varias semanas el gobierno de Chile mantiene un enfrentamiento con las federaciones de estudiantes universitarios por la Ley de Financiamiento de la Educación Superior Privada. La nueva norma fue promulgada el miércoles 1 de junio por el presidente Ricardo Lagos, y tras conocerse recrudecieron las disputas, que incluyeron la ocupación de facultades y choques con la policía. La ley sólo abarcará a los estudiantes de universidades privadas, mientras que para los estudiantes de las universidades estatales continúa sin cambios el tradicional sistema del Fondo Solidario de Crédito Universitario. El Ministerio de Educación (Mineduc) aseguró que coexistirán dos sistemas paralelos de crédito para ambos tipos de alumnos. Al respecto, el presidente Lagos declaró que "esta ley establece cómo podemos ayudar a aquellos estudiantes de escasos recursos que están en el sistema privado. Vale decir, en los centros de formación técnica, en los institutos profesionales y en las universidades privadas". Sostuvo que su objetivo es "que aquellos que no pueden pagar, puedan acceder para seguir estudiando". E insistió que "lo que me sorprende -me sorprende realmente-, es que hay estudiantes que se molesten porque hay otros estudiantes que van a poder acceder al sistema universitario", recalcó. Según el ministro de Educación, Sergio Bitar, el año próximo habrá "diez mil jóvenes, en su mayoría estudiantes de carreras técnicas, que van a tener acceso al crédito". Añadió que su cartera otorgará 10 mil millones de pesos (equivalente a casi 49,2 millones de pesos argentinos) para financiar 15 mil becas en 2006 y que el programa es un gran paso para el país, pues, a su juicio, Chile necesita muchas más carreras técnicas. "Curiosamente le hemos dado facilidades a las universidades y no a los institutos técnicos, a los que asisten preferentemente jóvenes de escasos recursos", reconoció. Posición del gobierno chileno Para el ministro Bitar, la nueva ley "beneficiará a decenas de miles de jóvenes que no tenían ningún apoyo del Estado y que ahora contarán con el respaldo del aval estatal". Sostuvo que "no se discriminará por carrera, por color del cabello, por religión ni por el barrio donde se viva. El crédito se va a otorgar con el único requisito que se dará a los que tienen menos". Agregó que "estoy muy satisfecho de que se haya logrado con la unanimidad de ambas Cámaras del Congreso. El paso siguiente es trabajar en el reglamento de la nueva ley, con la participación de representantes de las federaciones de estudiantes de instituciones favorecidas con esta normativa que ya la han respaldado y están dispuestos a colaborar". Acerca de la regulación de la norma, Bitar manifestó que "ya se constituyó el comité que está preparando esta reglamento de la ley nueva y tiene representantes de las federaciones de estudiantes, de los centros de formación técnica y de las universidades privadas. A éste se incorporará el Consejo de Rectores". Añadió que "simultáneamente hemos convenido con los rectores el inicio de una discusión sobre el nuevo proyecto de perfeccionamiento del Fondo Solidario y del Aporte Fiscal Indirecto, de manera de tener una máximo consenso en esa materia. También hemos invitado a los alumnos de las federaciones al debate de los mismos temas para el envío de los proyectos". El ministro Bitar resaltó que "necesitamos el apoyo de los rectores, de los profesores y de los dirigentes estudiantiles serios para explicar lo que las cosas son, y no continuar tergiversando la información, como una minoría de grupos lo ha estado haciendo. Los estudiantes deben confiar en que estamos reforzando el rol del Estado y ampliando la igualdad de oportunidades". Criticó a los universitarios que protestan contra la nueva ley, ya que "no es posible que grupos de descolgados se impongan por la violencia tomando sedes e impidiendo el ejercicio de la libertad". Afirmó que "el fortalecimiento de la democracia significa la razón y el diálogo por sobre las tomas o la acción violenta y, también, el reforzamiento de las organizaciones estudiantiles que puedan expresarse de una manera ordenada y no que tengamos una situación de anarquía". Y señaló que "es mucho más llamativo mostrar a un grupo de jóvenes de una universidad que se para al borde del río Mapocho (en pleno centro de Santiago) que entender que hay 100 mil jóvenes que pueden beneficiarse de esas mismas universidades". El ministro Bitar replicó las críticas de quienes afirman que estas iniciativas gubernamentales procuran la privatización de la educación superior, recordando que "las universidades privadas existen en Chile y en el mundo entero; de hecho, la Universidad Católica fue fundada en 1880, y tenemos que ver cómo se mejora la calidad de la educación". Precisó que la ley promulgada forma parte de una gran reforma de la educación superior, que incluye iniciativas que están en el Congreso, como la ley de Acreditación, la modernización en la gestión de las universidades estatales y los nuevos estatutos de la Universidad de Chile. Entretanto, fuentes del Mineduc anunciaron que más allá de los días de clases perdidos, "la programación académica para el año 2005 mantendrá las 17 semanas de clases por semestre, con el propósito de garantizar la calidad de la docencia. Por lo tanto, el año académico se extenderá hasta la segunda quincena de enero de 2006". Postura de las agrupaciones de estudiantes Desde el 7 de abril más de 25 mil estudiantes universitarios de varios puntos de Chile participaron de movilizaciones, paros y tomas contra la sanción de la nueva norma. Incluso, en los últimos días se sumaron estudiantes secundarios, que argumentan que no fueron consultados en el tema. Las organizaciones universitarias sostienen que la ley favorece la privatización de la educación pública, entregando las prestaciones de crédito y financiamiento a la banca privada. Coinciden en cuestionar la "política del endeudamiento como única forma de ejercer el derecho a educarse". La oposición a la norma gubernamental es encabezada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), organización que agrupa a federaciones de estudiantes de 28 universidades a lo largo del país. Para el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), Rodrigo de la Calle, "se nos acusó de egoístas y de no querer que los estudiantes de las universidades privadas tengan crédito. Eso es falso. Que tengan crédito y que sean fondos privados nos parece bien, pero no queremos que ese sistema toque a las universidades (estatales) del Consejo de Rectores". Según de la Calle "lo vital es potenciar el Frente Amplio para los Derechos de la Educación, de carácter ciudadano, donde aboguemos por una visión unitaria de la educación pre escolar, básica, media y universitaria, y no sólo seamos los universitarios los que llevemos la batuta". En tanto, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC), Héctor Muñoz, dijo que "el gobierno ha actuado muy mal" ya que el ministro Bitar "nos ha tratado de locos, ha insultado a docentes de una manera que no esperábamos, arma las mesas de trabajo de manera extraña y no quiere reconocer que la educación está en crisis". Por su parte, el secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Víctor Orellana, explicó que "partimos movilizándonos contra la Ley de Financiamiento porque es un paso más que profundiza la lógica de que en Chile se ejercen los derechos a partir del endeudamiento. El acceso a la educación superior no se puede solucionar con criterios de mercado: nunca ha sido negocio prestarle plata a gente pobre". Agregó que "hay un debate dentro del propio movimiento acerca de cuál es la mejor manera de movilizarse", y proponen "actividades para todo el año, con métodos alternativos a las tomas y los paros". Pese a que los últimos días se levantaron varias tomas de universidades, el viernes pasado una marcha hacia el Ministerio de Educación fue frustrada por la represión policial, que detuvo a una treintena de jóvenes. El vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Andrés Bustamante, dijo que "se nos negó la posibilidad de marchar, incluso se nos prohibió la posibilidad de reunirnos en Plaza Italia y fuimos disueltos y reprimidos con violencia. Esto es una muestra de la voluntad de diálogo del Gobierno, porque entendemos que Carabineros (policía militarizada) no se mandan solos. No tenemos muchas esperanzas de que, respetando los canales formales, se respete nuestro derecho a movilizarnos, porque vamos a ser reprimidos igual, sólo por plantear lo que estamos proponiendo". Días antes, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Felipe Melo, denunció que efectivos policiales propinaron una golpiza a los dirigentes estudiantiles Matías Meza (Derecho) y Giorgio Boccardo (Ciencias Sociales). "Soy vicepresidente de Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Fui detenido cerca de la Facultad. Me golpearon por la espalda y un ojo y me subieron al furgón. Me patearon el abdomen y las piernas, fui amenazado para que bajáramos el tenor de las movilizaciones, me ‘pasearon’ una hora y antes de abandonarme en (el barrio santiaguino de) Providencia, me golpearon de nuevo", relató Boccardo al matutino La Nación.
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