En distintos lugares y ámbitos de nuestro país se discute la forma de impartir –o no- distintos contenidos de educación sexual en las escuelas. Debatido apasionadamente por variados sectores, esta semana han coincidido declaraciones de funcionarios del área de la Salud, junto con proyectos legislativos para incluir esta temática en la educación. Abrió el fuego el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quien defendió la campaña de salud reproductiva frente a las críticas de sectores de la Iglesia Católica. La semana pasada, en una visita a Rosario donde ofreció una charla en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR en el marco de los cursos de posgrados de especialización en salud social y comunitaria, González García declaró al portal RosarioNet que “lo que más me indignó fue que se dijera que los preservativos no servían sin ningún fundamento científico”. Reconoció que “me parece fenómeno que se planteen como métodos de prevención la abstinencia o la castidad, pero como no toda la gente lo hace, el Estado tiene el deber y la obligación de proteger a todos”. Insistió que “es responsabilidad de todos los argentinos, y no sólo del Estado, que todos tengan derecho a la información y acceso a los métodos anticonceptivos”, y que no va a “ceder ni a confrontar” porque, “esto no es contra nadie sino a favor de las mujeres que no tienen recursos”. Casi simultáneamente, el titular de la cartera de Salud de la provincia de Córdoba se pronunció a favor de la educación sexual en las escuelas. Roberto Chuit, entrevistado por La Voz del Interio, dijo que “la educación sexual es información. Pero obviamente tendría que darse de manera adecuada. En las escuelas públicas tendría que respetar las distintas creencias religiosas y, como se trata de menores, atender también la opinión de los padres, y con su autorización. Porque hay padres que estarían de acuerdo con esto, y otros que no. Pero la educación sexual en las escuelas, dada de manera adecuada y por personas capacitadas y adecuadas, es un beneficio para el sistema”. Consultado sobre el impacto en la salud pública de los programas de salud sexual y reproductiva, relató que “con acciones de educación e información” se redujesen los embarazos adolescentes. “Se determinó que en estos grupos era donde estaba la mayor cantidad de embarazos de riesgo, es decir, que generaban bebés prematuros, de bajo peso, etcétera. Y así, este programa, junto con otras acciones de prevención como la detección precoz del embarazo, su seguimiento con control de la gestación, y la atención adecuada del parto, nos permitió bajar más la mortalidad infantil, que pasó de 14,3 en 2003 a 13,3 en 2004”. El ministro Chuit destacó que “hay indicadores de que un programa adecuado de trabajo de salud sexual en las comunidades genera impacto en la salud pública”. Y concluyó que en nuestro país, “al no existir una política de salud sexual, procreación responsable o como se llame, lo que se dio fue un aumento exponencial de las enfermedades de transmisión sexual (ETS). Antes de la instrumentación de estos programas nos reaparecieron y aumentaron la sífilis, el VIH y otras ETS. La discusión legislativa La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos estudia un proyecto de ley que modifica la ley provincial 9.356, de protección a las alumnas embarazadas, y propone varios mecanismos para que las adolescentes no abandonen los estudios. La iniciativa presentada por Lucy Grimalt (partido La Red de Participación Popular) surgió a partir de que un relevamiento de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) encontrase que el embarazo adolescente es uno de los principales motivos de abandono del Polimodal. La propuesta incluye cambios en la ley 9.356, sancionada en 2001, que prohibe a las escuelas públicas y privadas toda acción que impida el inicio o continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas. La norma también establece un régimen de especial de inasistencias y permisos para amamantar. Pero el proyecto en discusión abarca también a los alumnos padres, que en muchos casos deben dejar la escuela para trabajar. El proyecto impulsa además un Servicio Pedagógico de Atención Domiciliaria y/o Hospitalaria para alumnas embarazadas, madres y/o padres adolescentes, por problemas de salud de la madre o el niño. También establece que el Consejo General de Educación (CGE) asista “instancias de reflexión grupal sobre la problemática del embarazo adolescente desde la perspectiva de las relaciones de género” en las escuelas en que estén cursando las jóvenes mamás. La diputada Grimalt, entrevistada por El Diario de Paraná, contó que “es muy preocupante el número de niñas-madres que abandonan el sistema escolar”. Responsabilizó de esto a “una política de no-información sobre la educación sexual (prevista en la ley 9.501)”. Por último, propone considerar que “la educación es una inversión para la madre adolescente, para su hijo y su futuro, y por eso hay que otorgarles facilidades académicas para potenciar la retención y la motivación de ellas para seguir estudiando”. La ley 9.501, de salud sexual y reproductiva y educación sexual, no se aplica en las escuelas por las objeciones de la Iglesia Católica al plan de estudios propuesto por el Consejo General de Educación (CGE). De acuerdo a una investigación de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos sobre el embarazo adolescente en Paraná, el 23% del total de los partos del Hospital Materno Infantil San Roque (que atiende en general a mujeres pobres) son de mujeres menores de 19 años. El 32,25% de las adolescentes madres está comprendido en el rubro de adolescencia temprana y media (10 a 17 años), y el 42% son solteras o sin pareja estable. El 61,2% de las adolescentes finalizó el nivel primario, el 33% no ha completado la primaria, y el 6% son analfabetas. Entretanto, la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires se apresta a discutir cuatro proyectos de educación sexual en las escuelas. El diciembre pasado ya habían fracasado los debates en torno a dos propuestas claramente enfrentadas. En esta ocasión se tratarán desde proyectos que impulsan la educación sexual desde el preescolar hasta el secundario, con contenidos dictados por el Ejecutivo y debate sobre "diversidad sexual", hasta otros que la conciben como materia extracurricular desde el secundario, donde los padres deciden si su hijo concurre a la materia, y en la que cada escuela estará a cargo del "diseño y la implementación de su programa de educación sexual". Otros proyectos incluyen, entre distintos puntos, el derecho de "los objetores de conciencia a ser exceptuados de su participación", y la creación de talleres de educación sexual optativos para padres, quienes luego les transmitirán los conocimientos a los jóvenes. Más información: www.fcen.uba.ar/prensa/micro/2004/513/edubreves.html
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