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Miércoles 18 de abril
de 2007 Oscar Spada, ingeniero mecánico y rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es desde abril el nuevo presidente del Consejo Internuniversitario Nacional por un plazo de seis meses. Fue elegido por unanimidad en el plenario realizado el 30 de marzo en San Luis, del que participó la UBA después de años de ausencia. En esta entrevista, comenta los principales objetivos de su gestión: la revisión de la Ley de Educación Superior y los salarios docentes y no docentes. Por Armando Doria (*)
¿Cuáles son los principales objetivos de la gestión del CIN que usted encabeza? Los puntos que estamos planteando como objetivos generales de esta gestión son varios. En primer lugar, instalar la discusión de una política salarial en el marco de una propuesta concreta. Y si bien nosotros no contamos con los fondos, sí estamos planteando para el sector docente y también para el sector no docente un análisis de la situación salarial teniendo en cuenta, sobre todo, la Ley de Financiamiento Educativo, que ya está aprobada. Y otro dato importantísimo que debería contar en el mejoramiento salarial es el crecimiento del PBI nacional, que determinaría una situación con más posibilidades de financiamiento. El presupuesto, como siempre, es el gran tema. Y tenemos datos concretos. Al presupuesto universitario 2007 tienen que incorporarse 80 millones de pesos que se dieron el año pasado y que no figuran en el presupuesto de este año y, además, sumar 140 millones de pesos para gastos de funcionamiento, ya acordados con la Secretaría de Políticas Universitarias. ¿Cómo influirían estas modificaciones en los porcentajes destinados a sueldos y a investigación? En estos momentos, contamos con el 90 por ciento del presupuesto para sueldos y el 10 por ciento destinado a gastos de funcionamiento; pero de nuestro análisis se desprende que habría que tratar de llegar a un 85 para sueldos y un 15 para funcionamiento. Es decir, estamos atrasados, y considero que ese atraso es de unos 10 años. Históricamente se viene pensando en políticas salariales pero no estamos discutiendo gastos de funcionamiento, que incluyen también los fondos para investigación. Además de buscar un aumento en el presupuesto destinado a investigación, ¿qué otros aspectos del área se abordarán? Bueno, yo creo que ese es el compromiso más fuerte que va a tener la Universidad; es decir, comenzar a trabajar con pautas de política de investigación y de desarrollo que traten de resolver mayoritariamente los problemas sociales que tiene hoy el país. Entonces, tenemos que trabajar en proyectos que den respuesta a esas necesidades y esto se puede lograr cuando se trabaje en forma conjunta con los sectores del Estado y la producción. ¿Esto relegaría la producción de ciencia básica? No, la ciencia básica es una necesidad, porque no se puede hacer ningún desarrollo tecnológico si no hay ciencia básica, pero eso es una política que debe estar independientemente del problema coyuntural de hoy. Uno tiene que hacer ciencia básica pensando en largo plazo para que después se llegue a las respuestas sobre temas concretos. Inclusive, yo le diría que para mí la ciencia básica y la aplicada es una sola. Es una división que no necesariamente es negativa... Son dos cosas que hay que hacerlas juntas.
¿Qué lugar habrá en el CIN para el análisis de la Ley de Educación Superior? Es, justamente, otro punto que nosotros consideramos central para nuestra gestión. Pretendemos, a través del Comité Ejecutivo, y después con una reunión plenaria, comenzar por lo menos a delinear los puntos fundamentales que debería considerar una ley de educación superior, teniendo en cuenta que tanto desde el Ministerio de Educación como desde el CIN hemos venido planteando la necesidad de un cambio. Como puntos salientes, tiene que quedar muy claro en la ley la gratuidad de la enseñanza y después analizar el tema de cuáles son los órganos de gobierno, por lo menos la representatividad. En esos términos estaríamos trabajando en un proyecto de ley. ¿Cuáles son los puntos más críticos de la actual ley? Uno es el que plantea el artículo 43, que no garantiza la calidad de todas las carreras de grado, sino que plantea una mayor regulación por parte del Estado sobre las carreras de interés público, y creemos que todas las carreras deben gozar de la misma regulación. Además, la Ley es muy normativa y tendría que establecer una diferenciación importante entre el sistema universitario nacional y el de las universidades privadas. Considero que los dos no deberían tener el mismo estatus dentro de la ley. Es decir, yo creo que tienen distinto peso en la cantidad de alumnos, en la inversión, en su participación dentro del sistema científico nacional... De hecho, las nacionales tienen no menos del 78 por ciento de representatividad en el sistema. Personalmente, a mí me interesa el desarrollo de las universidades públicas. En cuanto al estatuto del CIN, ¿cómo se encararán las modificaciones que se anunciaron en su momento? En lo particular, la propuesta es terminar de acordar lo que sería el estatuto nuevo, que está ya analizándose. Trabajaríamos sobre la base de un primer despacho de comisión. ¿Cuáles serían las modificaciones más sustanciales? Considero que algo fundamental es mostrar el compromiso social que debe tener el sistema universitario en la formación de los graduados en sus universidades. ¿Cómo evalúa usted la representatividad que tiene cada universidad dentro del sistema? ¿Le parece una cuestión a considerar? No. La representatividad es por universidad, no es por tamaño de universidad. La semana pasada, la Comisión de Educación del Senado Nacional trató proyectos de creación de nuevas universidades nacionales, y el CIN fue consultado. Trascendió que hubo un duro debate en el recinto, donde discutieron usted y otros miembros del CIN con los senadores que impulsaban las nuevas universidades. Digamos que fue un interesante debate. Nosotros decimos no a la creación de nuevas universidades que partan de la base del desmembramiento de otras existentes. Y lo rechazamos en función de que hay una violación de la autonomía universitaria, de los estatutos de las universidades; a menos, claro, de que la misma universidad, a través de una asamblea universitaria, acuerde el desprendimiento de una de sus áreas. Si una universidad decide desmembrarse, ¿qué posición tomaría el CIN? Si se acuerda internamente, el CIN no se va a oponer. Pero sí se opone cuando estas situaciones se propician por fuera del sistema universitario: se toma la decisión de crear una nueva universidad con el patrimonio, con los recursos humanos, los planes de investigación y académicos de una universidad existente. Eso es una violación a la autonomía. ¿Cuál es el caso concreto que despertó el debate? El caso más concreto es la creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, que es un desmembramiento de la Universidad Nacional de San Luis. Y nosotros también le acercamos a los senadores lo que consideramos que las universidades en primera instancia deberíamos tratar de lograr en forma cooperativa, que es responder a las demandas que tiene la sociedad. ¿Considera que algunos de los proyectos de nuevas universidades nacionales son generados por lobbistas regionales con intereses que van más allá de lo puramente educativo? Nosotros lo analizamos exclusivamente en el marco de la política educativa, consideramos que se pueden hacer muchas otras cosas para aumentar la oferta educativa. Las universidades estamos generando extensiones áulicas: muchas universidades lo han hecho y lo están haciendo con un costo que está dentro del marco del presupuesto que tienen actualmente. Entonces, si vamos a crear una política, lo que nosotros decimos en el “2do. Acuerdo” que hemos hecho en el plenario del CIN en San Luis, es que el Senado nos acompañe en la generación de presupuestos para tales proyectos que de alguna manera se pueden llevar adelante. Lo estamos haciendo con carreras de posgrado, por ejemplo. ¿El CIN podría accionar de alguna manera frente a lo que considera un avance contra la autonomía universitaria? Ahora hay que ver qué pasa también con la universidad a la que le toque ese desmembramiento. Puede ocurrir que se considere lesionada en su patrimonio y recurra a la Justicia en el marco de la autonomía universitaria. Hay que tener en cuenta que la opinión del CIN, de acuerdo con lo reglamentado, no es vinculante, pero si se nos pide es porque los senadores tienen que cumplir con ese paso y deberían hacer el análisis posterior que corresponda. Finalmente, corre por cuenta de ellos qué decisión van tomar.
(*) Oficina de Prensa - SEGB - FCEyN.
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