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Miércoles 21 de marzo
de 2007 El próximo sábado se cumplirá un año más desde aquel 24 de marzo de 1976, cuando en la Argentina se instaló el terrorismo de Estado. Pero del aniversario anterior al actual pasaron cosas. La positiva: en el último año comenzaron a reactivarse varias de las causas contra represores. La negativa: se suma a los reclamos de aparición con vida el caso de Julio López. Cable Semanal habló de estos temas con el jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén. Por Armando Doria (*)
Desde hacía 30 años, el 24 marzo era fecha de conmemoración del inicio de la última dictadura y del terrorismo de Estado. Al repudio por el accionar militar y el recuerdo y reivindicación de los desaparecidos de esos años, ahora, para el aniversario 31, se suma el pedido por Julio López, testigo clave en la condena al represor Miguel Etchecolatz, desaparecido hace ya seis meses. Si bien es difícil no ver nuestra realidad empañada por la desaparición de López y el secuestro, tortura y posterior liberación de otro testigo, Luis Gerez, hay motivos para considerar que la Justicia está avanzando seriamente en algunas de las investigaciones sobre los casos de terrorismo de Estado. Ejemplo de esto es la megacausa "Campo de Mayo", que parece volver a tomar vida: el ex dictador Reynaldo Bignone y el torturador Santiago Omar Riveros fueron detenidos hace pocos días por orden de un juzgado de San Martín. Otro ejemplo, las causas por secuestro extorsivo a empresarios, que involucra a Jorge Rafael Videla y a sus ministros Harguindeguy y Martínez de Hoz, y a la cual se sumó recientemente el Gobierno como querellante. También, después de 30 años de ocurrido, la justicia comenzó a investigar el asesinato del diputado Diego Muñiz Barreto. (Y no estamos contando otra megacausa, que tiene a su cargo el juez Norberto Oyarbide: la de los crímenes adjudicados a la Triple A, que en pocos meses sumó más de 600 casos). Estos caminos son posibles por la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, rematada por la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema en 2005. Claro que, en varios casos, para avanzar, va a hacer falta bajar el decreto de indulto que dictó Carlos Menem a la jerarquía militar. Una de las últimas noticias alentadoras fue la creación, por parte de la Procuraduría General de la Nación, de una unidad fiscal con el fin de supervisar y apresurar las investigaciones en las causas abiertas contra represores en todo el país. La unidad, que estará a cargo del fiscal general Jorge Auat, también tiene entre sus tareas coordinar la protección de los testigos, un tema que distintas organizaciones de derechos humanos vienen advirtiendo desde mucho antes de la desaparición de López. Ante el advenimiento de una nueva conmemoración del golpe, que puede entenderse como una fecha de balance, Cable Semanal habló con Luis Hipólito Alén, jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. -Ante la actual situación en derechos humanos relacionados con el terrorismo de Estado, ¿cuál es la prioridad de acción del Gobierno? -Reafirmación de lo que se viene actuando. -¿Qué significa para ustedes el término "Memoria, verdad y justicia"? -Para nosotros, "Memoria, verdad y justicia" tiene un significado que escapa al cliché. Queremos volver a llenarlo de contenido, por eso proponemos rescatar la memoria y la actuación de las víctimas del terrorismo de Estado; porque si no rescatamos esas vidas, esa militancia y ese accionar que las convirtió en víctimas esto parece ser una situación en la cual un grupo de militares se volvió loco e hizo víctimas a una serie de personas cualesquiera. Para nosotros, es un proceso histórico el que llevó a que se desatara el genocidio y, en ese proceso, la actuación de las víctimas es lo que molestó a los factores de poder. -¿La verdad y la justicia? -La verdad significa esclarecer quiénes actuaron y qué pasó con cada una de las víctimas. Es un proceso de búsqueda constante. Y la justicia es el castigo de los responsables, un proceso que, por suerte, se pudo reabrir. Y tiene un valor especial, porque este reclamo se mantuvo vivo aún en los momentos en que parecía que nada era posible... Y ese reclamo, hoy, tardíamente respecto de los hechos, empieza a tener una respuesta. -Los organismos de derechos humanos y algunos partidos políticos siempre mantuvieron sus reclamos y no dejaron de actuar, pero parece que la sociedad en general empezó a sumarse recién ahora. -Yo creo que la sociedad también reacciona frente a lo que va a apareciendo. Acá había una situación de impunidad, una consagración estatal de esa impunidad, en la medida en que el Estado no impulsaba las investigaciones, no apoyaba los reclamos. Este muro de impunidad, basado en las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los decretos de indulto, se comenzó a horadar de a poco con distintos juzgamientos, con fallos de distintos tribunales que declaraban la inconstitucionalidad de esas leyes, hasta que, a partir de la asunción del presidente Néstor Kirchner, se reestructuraron las Fuerzas Armadas, pasaron a retiro casi 80 oficiales superiores, se impulsaron cambios centrales en la Corte Suprema de Justicia y se consiguió la nulidad de las leyes del perdón. Ahí comienza un proceso nuevo donde se reabren las causas; y esto todavía se tiene que traducir en hechos. -La sociedad parece apoyar la política de derechos humanos del Gobierno pero tampoco había un clamor popular de oposición frente a la política de derechos humanos de Carlos Menem, hace pocos años. -Esto es producto de que la sociedad va encontrando sus respuestas pero también de que desde hace pocos años hay en el mismo Estado representantes de aquella generación que sufrió el terrorismo de Estado. Nosotros somos parte de esa generación y mantenemos, con las diferencias que el paso del tiempo marcó, esos ideales vivos. -¿Considera, entonces, que ese apoyo o impulso que llega desde la opinión pública se va a mantener? ¿No habría que apurarse a llegar a sentencias, teniendo en cuenta que hace una década éramos todos privatistas y ahora somos todos estatistas? -No creo que sea tan así. No éramos todos privatistas. Considero que es la sociedad la que ha asumido la responsabilidad, no es este gobierno. Cualquier gobierno posterior podrá tener distinto tinte político pero en el tema derechos humanos es imposible volver atrás porque la sociedad no lo permitiría... Tal vez, hace unos años, la sociedad todavía tenía las cosas demasiado cercanas, entonces no pudo actuar de otra manera, pero el reclamo siempre se mantuvo de alguna manera en el cuerpo social. -Igualmente, hay que aprovechar ciertas condiciones. -Claro que sí. Nosotros lo vivimos con gente que se acerca a relatarnos sus experiencias y su victimización en el proceso y que en otras circunstancias no lo pudo hacer. Por ejemplo, Antonio Bussi era gobernador de Tucumán: las víctimas tucumanas ¿qué garantía tenían al hacer una denuncia? Hoy las circunstancias políticas han cambiado y se va reconstituyendo la memoria. -En el interior del país sigue habiendo una gran deuda respecto de las garantías. Además, los jueces se excusan y las causas van pasando de juzgado en juzgado, sin avanzar. -Acá la deuda mayor que existe en este momento, respecto del proceso de "Memoria, verdad y justicia" es la que tiene el Poder Judicial, que es independiente y autónomo, y, a la vez, es el que menos se ha transformado en la democracia. La supervivencia de muchos elementos que responden a una determinada caracterización es lo que traba el desarrollo de las causas y, sobre todo, esto sucede en la Cámara de Casación. Hay jueces federales que hace 20 años que ocupan el mismo cargo. -¿Cómo puede actuar el Ejecutivo frente a esto? -Si bien existe la garantía de la inamovilidad de los jueces, que es parte del funcionamiento institucional democrático, hay mecanismos institucionales para removerlos, que a veces son lentos. Hay jueces federales que han sido apartados de las causas porque fueron recusados por su parcialidad y por la sospecha de que pudieran haber tenido cierta participación en hechos relacionados con la represión. Incluso nosotros, como Secretaría de Derechos Humanos, tenemos querellado a un juez de Mar del Plata porque entendemos que hay elementos más que suficientes para suponer que participó en alguno de los hechos que le tocó juzgar. -¿De qué manera ve la posibilidad de que instituciones como la UBA se presenten como querellantes? -Más allá de los obstáculos legales que pueda haber, la nueva tendencia es aceptar a los organismos colectivos como titulares de derecho, así que ¿por qué la UBA o cualquier otra universidad que haya tenido víctimas en su estructura no pueden presentarse en las causas? La dificultad puede darse en que las víctimas están desperdigadas en distintas causas por distintos hechos: no es que hubo un ataque concreto a los universitarios por ser parte de la institución. La UBA deberá seleccionar en qué casos se presenta y cuáles son los más paradigmáticos de cada una de sus facultades. Además, es un ejercicio de memoria que sería muy bien recibido porque es reconocer que la universidad, como institución, también sufrió el asalto del terrorismo de Estado y sus estudiantes, docentes y no docentes también fueron víctimas. -¿Usted imaginaba que llegaríamos al 24 de marzo sin noticias de Julio López? -Uno nunca lo quiso imaginar. Todos los organismos del Estado que están involucrados en la investigación están trabajando muy fuertemente para encontrarlo y encontrar a los responsables.
(*) Oficina de Prensa - SEGB - FCEyN.
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