Algo está sucediendo, más allá de la mirada común, para que ninguno de los protagonistas de la obra cumpla con el papel que le corresponde. Ni el gobierno de Fernando de la Rúa, ni el ex presidente Carlos Menem, ni el juez Jorge Urso actuaron como se suponía que debían actuar en la espectacular causa que investiga el desvío de armas a Croacia y a Ecuador.

En rigor, el Gobierno sufrió la recaída de una vieja enfermedad: la falta de información, un recurso elemental para conducir los asuntos del Estado. Hasta el fin de semana último, los principales dirigentes peronistas clamaban para que el Gobierno se sentara a conversar con ellos sobre datos realistas; esto es, el juez federal Jorge Urso enviaría a la cárcel a Menem, tarde o temprano, decían a coro amigos y adversarios internos del ex presidente.

La administración delarruista, según sus expresiones más empinadas, se mostró segura en todo momento de que Menem no pasará por la cárcel.
Exhibían estos argumentos:

1) no existen en la causa razones para incriminar personalmente a Menem;
2) el general Martín Balza asumiría la responsabilidad de los hechos y liberaría de culpa y cargo al ex presidente (cosa que no hizo en sus declaraciones al diario Página 12);
3) en alguna instancia incierta de la causa, el juez tendría en cuenta la razón de Estado, que invocan los menemistas, y salvaría sólo a Menem.

El lunes, las caras del oficialismo comenzaron a cambiar cuando el juez adelantó la citación a Menem en casi un mes y medio.

La sobreactuación del magistrado, a partir de ese día, les indicó que éste se encaminaba a resolver una prisión preventiva del ex mandatario, salvo que aspirase a trocar todo en su propia contra.

Las dos alternativas que se manejaban ayer eran éstas: el juez decidiría hoy la detención inmediata de Menem o, al remedar el caso del ex ministro Antonio Erman González, lo dejaría en libertad durante unos días hasta elaborar los fundamentos de una prisión preventiva posterior.

En cualquier caso, la libertad definitiva del ex presidente no figuraba en ninguna de las hipótesis.
- Independencia judicial
El Presidente suele ufanarse de que él y sus ministros se enteran por los diarios de las resoluciones los jueces. En verdad, el primer mandatario disolvió virtualmente el Ministerio de Justicia cuando envió allí a su propio hermano, Jorge de la Rúa.

Se explica: los dos provienen de una coalición que prometió el respeto irrestricto por el principio de la división de poderes, pero ese respeto debe acentuarse aún más cuando el ministro del área es, también, hermano del Presidente.

Tal como están las cosas, cualquier acto o gesto del ministro de Justicia comprometería al propio presidente de la Nación.

Si bien era hora de que ese principio se tuviera en cuenta en la Argentina, la pregunta refiere a si el Gobierno debe carecer hasta de la información más esencial (o contar con mala información) para cumplir con aquel mandato constitucional.

Menem no ha sido menos inhábil ni torpe para jugar la supuesta carta más importante que tenía en sus manos: la presunta petición de los Estados Unidos para que enviara armas a Croacia.
En lugar de hacer valer esa presencia política en el conflicto (si es que la presencia existió) por medio de canales diplomáticos y de comunicaciones muy reservadas, la disparó en medio de la frivolidad de un programa de televisión destinado a los argentinos aburridos durante el fin de semana.

Hizo algo peor: requirió públicamente en ese ámbito superficial al juez y al fiscal que enviaran un pedido de confirmación de sus aseveraciones al Departamento de Estado.
La cancillería de Washington no necesitó de ningún pedido judicial argentino para hacer lo que era obvio que haría: negó que existiera cualquier antecedente sobre un pedido de esa naturaleza en los archivos del Departamento de Estado.

Así como la Cancillería argentina nunca supo que haya mediado tal petición norteamericana, el Departamento de Estado tampoco puede darse por enterado de semejante transgresión.

Los roles deben resguardarse: los diplomáticos que negociaban la paz en los Balcanes (y los había norteamericanos y argentinos) no podían estar, al mismo tiempo, pertrechando a uno de los ejércitos beligerantes.

Si hubo una solicitud de esa naturaleza, Menem debió gestionar una comunicación reservada, ante el Gobierno y ante la Corte Suprema de Justicia, de quien era presidente norteamericano en aquel momento, George Bush, precisamente el padre del actual jefe de la Casa Blanca. Los primeros decretos secretos que firmó Menem para vender armas al exterior, que terminarían luego en Croacia, son de 1991; Bill Clinton asumió en 1992.

Lo cierto es que cualquier aceptación extraoficial de los Estados Unidos se torna ahora más difícil tras el rechazo oficial del Departamento de Estado a las afirmaciones de Menem en el programa "Sábado Bus".

- Ritmo inusual
El caso del ritmo que el juez Urso imprimió en las últimas horas a la investigación es llamativo.

Si no fuera porque el magistrado dejó todas las huellas necesarias para señalar que no quiere quedarse sin la causa, hasta podría pensarse que está buscando una recusación.
En efecto, es un dato conocido en los tribunales que Urso nunca citó al ministro Domingo Cavallo (que también firmó los decretos de Menem) porque el trámite hubiera caído inmediatamente de sus manos.

Cavallo ya recusó en otras causas a Urso y lo denunció en su momento como un juez dependiente de los funcionarios menemistas.

Las decisiones que tomó desde el lunes último podrían vulnerar la correcta aplicación del principio de la defensa y las garantías constitucionales de un juicio justo.
Ayer mismo, Urso notificó a Balza de su detención sin escuchar su testimonio; la declaratoria de un acusado ante el juez sirve a éste en su investigación, pero también garantiza la defensa del inculpado. Es obvio que el magistrado tenía una decisión tomada, que no la sometió ni siquiera al cuidado de las formas.

Mucho peor fue haber adelantado en un mes y seis días la declaración de Menem.
Cuando lo citó a declarar, dio un plazo de dos meses para que el ex presidente y sus abogados conocieran un expediente que tiene más de 100 tomos.
Ese trabajo se debió llevar a cabo ahora -si es que alguien lo hizo- en menos de tres días.

Un cambio tan brusco en las reglas del juego de la Justicia afecta necesariamente las garantías constitucionales, sobre todo cuando está en juego la libertad de las personas.
Menem no se reconcilió con la opinión pública desde que abandonó el poder y, entre las luces y sombras de su gestión, quedó la imagen de un gobierno lleno de funcionarios que cometían actos de corrupción.

- Lo que corresponde
Pero le corresponde, con todo, el pleno ejercicio del derecho a la defensa y a un juicio justo, más allá de las repercusiones mediáticas y de la tendencia de los jueces a caer postrados ante ellas.

No hay explicación que pueda eludir a la historia y gran parte de los padecimientos actuales del menemismo radica en su decisión política de nombrar jueces propios, aunque no contaran con los antecedentes necesarios.

Cuando Carlos Arslanian, que se fue como ministro de Justicia en 1992 en disidencia con esas prácticas, tuvo un último y premonitorio diálogo con el entonces presidente: "Tus amigos quieren nombrar jueces amigos. Pero tené en cuenta lo que te digo: estos serán los primeros en clavarte un puñal por la espalda", le dijo. Menem lo escuchó y le respondió, con la mirada huidiza: "Sí, es posible".

Página 12, 10 de junio de 2001
REPORTAJE EXCLUSIVO AL FISCAL DE LA CAUSA DE LAS ARMAS
"La escena del arresto fue conmovedora"
Por Eduardo Tagliaferro

Todo comenzó con una denuncia sobreun vuelo llevando armas, y terminó en el "momento histórico"en que Menem fue detenido. Carlos Stornelli dice que sólo a lo largo de los seis años de investigación se pudo gradualmente ver que los hechos no eran "casuales" sino parte de una red, que hubo malos momentos y solidaridades de sus colegas, en especial cuando Menem amagó investigarlo a él, en 1998. Ahora, espera seguir la ruta del dinero.

Cuando en 1995 llegó a sus manos la denuncia por la partida desde Ezeiza de un avión llevando armas argentinas rumbo hacia Ecuador, Carlos Stornelli estaba lejos de pensar que eso podría llevar al entonces presidente Carlos Menem a prisión. Después de vivir la escena del arresto de un ex presidente constitucional, que califica como "histórico" y "emocionalmente muy cargado", recuerda las presiones, el apoyo recibido por sus colegas cuando Menem habló de "investigarlo" a él, de los amagues de sacarle la causa o correr al juez Jorge Urso. Y hace la historia de cómo, a lo largo de seis años de investigación, fue surgiendo la idea de que lo que descubrían no eran "hechos aislados" sino parte de una trama que no era en absoluto casual. Mientras se niega a hablar de ciertos temas que pueden afectar el proceso que se viene, afirma que se sigue la ruta del dinero, que Menem es uno de los más investigados en este aspecto y que piensa que el dinero "nunca pisó la Argentina".

–¿Cuál fue su primera reacción cuando tuvo en sus manos la denuncia que inició la causa por la venta ilegal de armas?

–No tenía la menor idea de la envergadura de los hechos, ya que la denuncia sólo precisaba una pequeña parte de todo lo que después se supo. Se sospechaba de un avión que supuestamente había ido a Ecuador con armamento argentino.

–¿Pensó que la causa tendría esta dimensión?

–En los medios la denuncia había sido presentada con espectacularidad, pero la verdad que se fue averiguando después fue mucho más importante aún.

–¿Qué pasó por su cabeza cuando participó de la audiencia en la que se detuvo al ex presidente Carlos Menem?

–Fue un momento raro, muy raro. Por mi cabeza pasaron un montón de cosas. Así como en un accidente la vida de uno desfila aceleradamente, en la última audiencia, los últimos seis años fueron la película que pasaba por mi cabeza.

–¿Algún momento puntual de esos seis años?

–Muchos momentos. Hay muchas cosas que yo no conté y que no sé si algún día voy a contar.

–Entre ellas hay amenazas o presiones.

–Cosas. Permítame reservarlas para mi intimidad.

–Además de los seis años de investigación, no se le escapó que estaba participando de un acontecimiento que quedará en la historia.

–Por supuesto. El propio abogado de la defensa, el doctor (Oscar) Roger, dijo que todos los presentes en la sala estábamos presenciando un momento histórico. La escena fue conmovedora, más allá de que como fiscal yo fui quien impulsó la introducción en la causa del posible delito de asociación ilícita y que esta fue la causal de la audiencia y a la postre de la detención del doctor (Carlos) Menem. La escena era simbólicamente muy fuerte, con una gran carga emocional.

–En la causa los hechos se precipitaron luego de la confesión de Luis Sarlenga. ¿La audiencia con el ex presidente fue uno de los momentos más duro de la investigación?

–Para mí no. Tal vez los últimos dos meses fueron de mucha actividad. Fueron los meses en que se tomaron decisiones importantes por parte de la fiscalía como por parte del doctor (Jorge) Urso. Los momentos más difíciles en la causa fueron hace mucho tiempo. Tal vez el año `98, el año `97, cuando muchos de los imputados estaban en la función pública y uno buscaba la verdad y otros desde la sombras trataban de impedirlo. En este momento lo que se ve es la valoración de prueba ya presentada. El gran trabajo fue descubrir la verdad de lo ocurrido, la verdad de los hechos.

–En 1998 el ex presidente Menem dijo que tal vez había que investigarlo. ¿Cómo vivió ese momento?

–Ese fue para mí uno de los momentos más fuertes, más importante. También uno de los más lindos que viví en estos seis años de investigación. En ese momento la fiscalía recién se había expedido sobre la existencia de una asociación ilícita. Hacía no más de un mes que había emitido ese dictamen de más de 400 fojas. Venía trabajando en gran soledad y de repente ante la maniobra que se hace en contra mía, hubo una gran explosión de solidaridad de mis colegas, de la prensa y de la gente. Tal vez eso evitó que se abortara esta causa.

–En varias ocasiones se pretendió sustraerle la causa tanto a usted como al juez Urso. ¿Cómo fueron esos momentos?

–No quiero hablar de esos momentos, porque hay cuestiones que pueden articular las partes. Cuestiones que pueden tener origen en iniciativas defensivas, más allá de mi juicio de valor. Tampoco quiero emitir opinión sobre la competencia de la Corte Suprema en una causa que planteó el fuero penal económico en la que en su momento intervino el Procurador General de la Nación. El Procurador es mi jefe, respeto las decisiones que él toma, como pido que se respeten las que yo tomo en mis expedientes.

–El diputado Humberto Roggero dijo que en una charla privada que mantuvo con el Presidente Fernando de la Rúa, éste le manifestó que la utilización de la figura de la asociación ilícita era endeble. ¿Cuál es su opinión?

–Esto es algo que sólo los jueces tienen que determinar. Hasta el fiscal es secundario a la hora de precisar la solidez de la figura procesal. Cuando yo estoy convencido de algo, lo que hago es acercarle mis elementos de juicios al juez, pero sólo ellos son los que tienen que hablar. Sobre la calificación de la asociación ilícita hasta el momento ya han hablado cuatro jueces.

–¿Qué motivos lo llevaron a darse cuenta que estaba frente a una asociación ilícita?

–Es bastante difícil de explicarlo. Cuando se empieza advertir la multiplicidad de hechos, la magnitud de la maniobra, la cantidad de gente que de alguna manera u otra tuvieron que intervenir, uno cambia la mirada. Lo que en un momento eran hechos aislados que tenían poca relación, lentamente van formando un engranaje que me permitieron descubrir que se trataba de una maniobra.

–¿El hecho de investigar a importantes funcionarios en actividad, en algún momento lo intimidó o inhibió?

–No, en ningún momento. Tampoco me parece que la palabra adecuada sea intimidar, tal vez, sí haya tenido cautela o precaución.

–Esta causa estuvo rodeada de extraños suicidios, amenazas y hasta la sospecha de que la fábrica militar de Río Tercero fue volada intencionalmente. ¿Cómo influyó ese contexto en su actuación judicial?

–Cuando fue el estallido de la fábrica de Río Tercero, no tenía la menor idea de que tal vez yo tuviese que estudiar ese tema. Por supuesto que los acontecimientos los seguí atentamente por los medios. A esa altura tampoco se sabía que la fábrica militar había sido un pivot de la maniobra.

–¿Está estudiando la conexidad de la venta ilegal de armas con la explosión de Río Tercero?

–Yo no estoy estudiando la explosión de Río Tercero, estoy revisando la copia del expediente sobre la fábrica militar para ver si puede existir alguna implicancia, alguna relación con los hechos que nosotros investigamos. Cuando el juez (Jorge) Urso pidió copia del expediente lo hizo precisamente para evaluar la posible conexión entre ambas investigaciones y ver si nosotros con el conocimiento que ahora tenemos de la maniobra, podríamos esclarecer algún aspecto todavía oculto.

–Cuando se habla de venta de armas hay un nombre que siempre aparece, Monzer Al Kassar. ¿Cuál es su participación en esta maniobra?

–Hay cosas que aparecen en la prensa pero no tanto en la causa. Preferiría no hablar de personas sobre las que no puedo aseverar ni descartar nada. Cualquier pista que pueda conducir hacia más verdad es siempre bienvenida.

–La pregunta más frecuente por estos días es porqué no se lo cita al ministro Domingo Cavallo, sobre todo si se tiene en cuenta que fue firmante de todos los decretos que autorizaron la venta de armas.

–Hay que ver cómo se pregunta y quién lo pregunta. El avance de las pruebas es lo que marca las decisiones que se toman en el expediente. No voy a hablar de personas que no están convocadas, sería irresponsable de mi parte.

–Cuando acusó al general Martín Balza, distintos medios e incluso funcionarios dijeron que su padre era un carapintada y que esto lo motivaba a citar al jefe del Ejército. ¿Esto es así?

–Esto no es cierto y hasta lo dijo el propio general Balza en una carta que me mandó a mí y en otra que le envió a mi padre, en la que desmiente supuestas charlas de quincho. No es verdad que mi padre fuera un carapintada. Sucede que yo tampoco puedo develar intimidades familiares. Las ideas de mi padre siempre fueron muy críticas para con los carapintadas.

–¿Qué opina de la dictadura militar de 1976?

–Como hombre de la justicia, yo no tengo otra opinión que la que tuvo la Cámara Federal cuando se expidió sobre los hechos cometidos durante el Proceso. Mis opiniones personales o políticas no deben ser una cuestión pública, soy un funcionario judicial.

–¿Estuvo reunido con el ex general Ramón Díaz Bessone, el último día del Ejército?

–Yo no lo conozco al general Díaz Bessone. Al igual que otros miembros de la Justicia, fui invitado al Colegio Militar para participar de la celebración del día del Ejército. Cuando me estaba trasladando a donde tuvo lugar el vino de honor, luego de haber saludado al Presidente (Fernando) De la Rúa, se me acercó una persona que me dijo "soy el general Díaz Bessone, mucho gusto". Me dio la mano y se fue. Ni siquiera sé si era o no Díaz Bessone. Incluso no creo que ahora pueda reconocerlo, porque jamás he tenido una charla con esa persona. Todas las versiones sobre mi padre o que yo actuaba por móviles diferentes al descubrimiento de la verdad o de obtener pruebas, apareció en "el mercado" cuando se conoció que yo estaba detrás de una pista que llevaba a develar la posible participación de personal del Ejército, en la venta ilegal de armas.

–El diputado Adrián Menem criticó su relación con el actual secretario de Empleo, Horacio Viqueira. Incluso dijo que detrás de la acusación que usted hizo había una maniobra del Frepaso. ¿Cuál es su respuesta?

–Pónganse de acuerdo muchachos: o soy carapintada o soy del Frepaso, en qué quedamos. Si fuera carapintada no me recibirían en el Frepaso y viceversa. Al doctor Horacio Viqueira lo conocí a raíz de esta causa. De la misma manera que a partir de esta causa conocí a tantas personas de bien. Trabamos determinada relación personal que incluso se mantiene hoy. Tengo un gran respeto por él.

–¿Cómo calificaría las pruebas que Viqueira aportó a la causa?

–El doctor Viqueira apareció en el expediente, creo que en el año `97. Denunció que en la fábrica militar de Río Tercero se estaban clonando cañones para reponer los que faltaban de los arsenales. En ese momento pensé que estaba loco, pero después se probaron todas las cosas que dijo a este respecto.

–A partir de esta denuncia usted viajó a Río Tercero. ¿Qué impresión tuvo en esa recorrida?

–Viajamos con el juez Urso y también estuvo presente el doctor Viqueira. Recuerdo que me impresionó la tristeza de la gente. Un puebloque parecía devastado. Los barrios aledaños que recorrimos sólo exhibían los cimientos de las casas y una fábrica que en algún momento debe haber sido un orgullo, era un conjunto de galpones devastados. Fuimos a ver cañones en reparación y nos mostraron unas cajas que luego comprobamos que no tenían nada que ver con partes de cañones.

–Haber probado que gran parte del material enviado a Croacia y Ecuador pertenecía al Ejército fue un momento importante de la investigación. Cuando usted acusó al general Balza, él estaba en actividad. ¿Eso fue un obstáculo?

–Todas estas verdades son difíciles de aceptar. Así como a la gente le cuesta aceptar que tal o cuál persona pudo haber cometido un delito. O bien que determinada persona no era lo que uno creía que era, bueno, al fiscal le sucede lo mismo. Que tal o cuál funcionario de tu patria pueda estar vinculado a una maniobra de esta naturaleza es una verdad dura. Es una idea que uno trata de dejar para lo último.

–¿Lo sorprendió estar investigando a los responsables de las principales instituciones del país?

–Cuando uno se encuentra frente a una causa de esta envergadura los hechos se suman lentamente. No es cuestión de un día descubrir involucrada a la persona tal o cual. Es una construcción intelectual que se va acompañando al avance de las pruebas. Así como en algún momento de la investigación yo llegué al convencimiento de que podía haber existido una asociación ilícita y no hechos aislados, uno se va formando una convicción. Ello lo lleva a sospechar de una persona u otra. Yo sabía que estaba en gran desventaja numérica. También hubo momentos de gran soledad. Mis compañeras de siempre fueron las pruebas.

–Más allá de la defensa lógica, hubo en la causa muchas maniobras o ardides tendientes a introducir elementos falsos o distractivos.

–Hubo muchas cuestiones que fueron incluso motivo de investigaciones y se esclarecieron. A mí no me gustaría hablar en este momento de esas maniobras. Pero sí, hubo muchas.

–En esos momentos de soledad, además de las pruebas ¿quién lo respaldaba?

–A partir de un momento, yo tuve un gran respaldo de mis colegas. La participación de alguna manera militante que tuvo la prensa acompañando el descubrimiento de la verdad, fue fundamental.

–¿Esta causa puede ser el comienzo de cambios en la Justicia?

–No me toca a mí acalificar esta investigación como un hecho histórico. Sucede que esta causa tiene un alto voltaje por las personas que aparecieron involucradas y por los hechos que se investigan. En la Justicia hay muchísimo trabajo silencioso, decente, independiente, que no se conoce públicamente, pero existe. Entre mis colegas hay una gran camaradería en este momento. No he hablado con todos, pero sí con muchos. Me siento muy acompañado.

–Supongo, que a partir de la causa de las armas debe conocer en detalle la guerra de los Balcanes.

–Es bastante compleja, por cierto. Lo que tengo incorporado es cómo se abastecían de armas los croatas, por lo menos de una porción de ellas. No tuve mucha información sobre lo que sucedía con el pueblo croata. El otro día tuve una entrevista con un periodista de investigación croata, que me contaba cómo en nombre de la patria algunos funcionarios corruptos de su país pagaban las armas diez o veinte veces más de lo que valían. No se refería al armamento argentino. Hablaba en general. También me contaba que en nombre de la patria, estos funcionarios se enriquecían.

–La revista Globus publicó que el traficante Diego Palleros tenía una vinculación con el croata Dinko Sakic, extraditado de la Argentina. ¿Conocía esta información? –No la conocía. Pero cuando tengamos los datos, será materia de investigación.

–¿Está avanzado el esclarecimiento de las coimas que rodearon a esta maniobra ilegal?

–Hay cuestiones que son muy difíciles de esclarecer. Eso no quita que no estemos trabajando fuerte en ello y algo sabemos. Es muy probable que parte del dinero de este hecho jamás haya pisado el suelo argentino.

–¿Se está investigando el posible enriquecimiento ilícito que a partir de este affaire pudo haber tenido el ex presidente Carlos Menem?

–En la investigación de la ruta del dinero, hace tiempo promoví la necesidad de develar si parte de los beneficios que pueden haber obtenido los involucrados no pasó por su patrimonio. La pesquisa se está realizando e incluye a cada una de las personas investigadas en la causa. En esta investigación el ex presidente es uno más de los involucrados.

–¿Le genera sospechas que sea una práctica habitual tanto en la familia Yoma como en la familia Menem tener sus propiedades a nombre de sociedades anónimas.

–Tanto la familia Yoma, como la familia Menem tienen más de un integrante, así que de ninguna manera habría que generalizar. Tampoco yo hablaría en este momento de casos particulares.

–¿Alguna vez pensó que la verdad que estaba detrás de estas investigaciones era muy fuerte? ¿Pensó que la sociedad no la tolerara?

–No sé si esta causa tiene un efecto didáctico. Para mí como fiscal todo lo que me tocó vivir fue una gran enseñanza, una gran experiencia. No sé si mi experiencia le puede servir a otro. Aunque a veces uno tiene dudas, la gente soporta la verdad. Claro, que hay verdades que son difíciles de aceptar.

–¿Su expectativa a futuro continúa dentro de la carrera judicial?

–Yo no pienso en otra cosa que no sea mi trabajo en la Justicia.

–No se le escapa que a partir de esta causa ha tenido gran notoriedad pública. ¿Hoy cómo es su relación con la gente?

–Le parecerá raro pero desde hace dos meses que sólo voy de mi casa a mi trabajo y viceversa. La tarea fue tan grande y mi cansancio es tal que ni siquiera caminé por la calle.

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Ámbito Financiero, 4 de junio de 2001
El gobierno logró canjear deuda por 30.000 millones
Pero tuvo que pagar tasas altas y aumentó el nivel de endeudamiento en $ 2.255 millones

Ámbito Financiero
Tasa montos de emisión y protagonistas.
Curiosas similitudes con el plan Brady.
Por Victoria Giarrizzo

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Página 12, 5 de junio de 2001
Sólo habrá planes de competitividad.
Tras el canje, de nuevo en la trampa
Por Maximiliano Montenegro

Página 12, 5 de junio de 2001
Saldo de la operación
Por Marcelo Justo

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Página 12, 3 de junio de 2001
Aumentó un 35% la indigencia entre los menores de 15
Por Sergio Kiernan

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Página/12, suplemento Cash,  domingo 10 de junio de 2001
EMPLEO EN LA ARGENTINA

COLGADOS
Por Roberto Navarro

En los últimos tres meses Musimundo despidió 427 empleados; Heladerías Massera, 600; Aerolíneas Argentinas, 280; Omega Seguros, 600; New Balance, 170 y la lista sigue. Aunque aún no se conoce el resultado de la Encuesta Permanente de Hogares de mayo elaborado por el INdEC, el Gobierno ya sabe que en el último año la economía siguió destruyendo empleos. Cash accedió a un informe reservado del Ministerio de Trabajo que revela que en los últimos doce meses se despidieron 270 mil trabajadores. Restados los nuevos puestos que se generaron en ese período, la pérdida neta asciende a 150 mil empleos. La estimación preliminar de la cartera laboral es que la tasa de desocupación de mayo aumentó al 16 por ciento. La mayor parte de los despidos se dio en pequeñas y medianas empresas. La fuerte retracción del mercado interno derivó en que muchas compañías redujeran sus dotaciones de personal y, en muchos casos, directamente cerraran y despidieran a todos sus empleados. El gremio más castigado fue el de la construcción, que perdió 40 mil puestos de trabajo y ya sufre una desocupación del 35 por ciento.

De cada tres empresas que operan en el país, una despidió personal en los últimos doce meses. Según los datos que manejan en la cartera laboral, la mayor parte de las cesantías respondió a racionalizaciones de personal con las que las empresas buscan una baja de costos por unidad de producción. En general se trata de pymes que, al contabilizar una caída en su facturación, reducen costos para equilibrar sus cuentas y no terminar en la quiebra. La segunda causa de los ceses es por cierres de empresas.

Las proyecciones del Ministerio de Trabajo surgen de la Encuesta de Indicadores Laborales, que audita mensualmente a 200 compañías. Pero este registro sólo mide la evolución del trabajo formal. Los mismos funcionarios de la cartera a cargo de Patricia Bullrich reconocen que la mayor destrucción de empleos en el último año se dio en el sector informal, por lo que la situación podría ser aún peor que lo que indica el informe.

La medición del INdEC de mayo de 2000 registró un índice de desempleo del 15,4 por ciento. Si se confirma la estimación de la cartera laboral de que la tasa de desocupación medida en mayo pasado alcanzó el 16 por ciento, significa que en el país hay 2,2 millones de personas desempleadas. Pero esos números no dependen sólo de la cantidad de puestos de trabajo perdidos. Los encuestadores del INdEC registran como desocupada a toda persona desempleada que estuvo buscando trabajo activamente en la semana previa al relevamiento. Si el consultado responde que no tiene trabajo, pero que no lo buscó en los últimos siete días, no se lo considera un desocupado. Por eso en el mismo ministerio hay algunos funcionarios que piensan que, a pesar de la catastrófica pérdida de puestos de trabajo, la tasa de desocupación podría mantenerse por debajo del 16 por ciento. El razonamiento de esos funcionarios es que luego de tres años de recesión muchos desempleados deben haber dejado de buscar trabajo, desalentados por tantos meses de búsqueda y con escasos recursos para solventar la pesada tarea de encontrar un empleo.

El sector que más puestos de trabajo destruyó fue el conformado por empresas de entre 50 y 200 empleados. Esas compañías, consideradas medianas, redujeron su personal en un 2,7 por ciento con respecto a la encuesta de mayo del año pasado. Las pequeñas empresas, que emplean hasta 50 trabajadores, disminuyeron sus plantillas en un 1,9 por ciento. La fuerte caída de ventas de los últimos meses, la competencia con productos importados, que en muchos casos ingresan al país de manera ilegal, y la mayor presión tributaria son los principales factores que perjudicaron la evolución de las pymes, con su consiguiente secuela de pérdida de puestos de trabajo. Los especialistas laborales afirman que las compañías medianas están sufriendo más que las pequeñas porque las empresas más chicas tienen más posibilidades de mantenerse en pie vía evasión de impuestos. Las grandes empresas, en cambio, aumentaron su personal en un 1,7 por ciento en los últimos doce meses. Las privatizadas, como las telefónicas, las compañías de electricidad, gas, agua y peajes independizaron su suerte del ciclo económico, porque operan en mercados cautivos, con tarifas indexadas por la inflación de los Estados Unidos. Muchas grandes compañías privadas, por su parte, están reemplazando la caída del mercado interno aumentando sus exportaciones. Las automotrices, por ejemplo, vieron descender las ventas internas en un 50 por ciento, pero están manteniendo el nivel de producción del año pasado gracias a los despachos al exterior.

El sector de la construcción perdió 70 mil empleos desde 1999, 40 mil en el último año. Así, la dotación total ya se redujo en una cuarta parte desde el comienzo de la recesión. La pérdida de puestos de trabajo de la construcción está en línea con la caída del nivel de actividad del sector, que desde 1999 se contrajo en un 27 por ciento. La relación directa entre la caída de la producción y la pérdida de empleos tiene que ver con la precariedad de las condiciones laborales de los trabajadores del sector. El 60 por ciento de ellos está en negro, por lo que los despidos se concretan sin costo alguno.

En el informe de la cartera laboral se destaca que más de la mitad de los 150 mil empleos se perdieron en los últimos tres meses. Es el período en el que el país tuvo tres ministros de Economía, convivió con un riesgo país superior a los 1000 puntos y cayó fuertemente la confianza de los consumidores en que la economía se reactive en lo inmediato. Entre marzo y mayo, Alpargatas despidió 250 empleados; General Motors, 102; Transportes Konfort, 847; Hospital Israelita, 200 y muchos más. A la vez se multiplicaron las suspensiones, que sólo en los primeros cinco meses de 2001 superaron las 55 mil. Para frenar las cesantías, el Gobierno sólo tiene una alternativa: reactivar el mercado interno antes de que los suspendidos se sumen al ejército de los desocupados.

ERNESTO KRITZ titular de la Sociedad de Estudios Laborales
"Se derrumbó el mercado"

¿Piensa que el índice de desocupación de mayo será superior al de hace un año?

–Seguramente sí. La economía destruyó miles de puestos de trabajo en los últimos meses, que no fueron reemplazados por empleos nuevos.

¿Por qué se pierden tantos puestos en unos pocos meses?

–Porque el mercado laboral es mucho más procíclico que en el pasado. Es decir, responde rápidamente a las variaciones del nivel de actividad. En los últimos meses se derrumbó el mercado interno y de inmediato se despidió personal.

¿Este es el perjuicio que trajeron aparejadas las repetidas reformas que flexibilizaron el mercado laboral?

–Es un perjuicio en las épocas recesivas, pero es un beneficio en los momentos en los que la economía crece, porque esa mayor elasticidad de la demanda permite recuperar los puestos perdidos rápidamente.

Sin embargo, en épocas de fuerte crecimiento, como en 1996 y 1997, muchas empresas prefirieron extender las jornadas laborales que tomar nuevo personal.

–Es cierto, pero de todas maneras en esos años se generaron más de un millón de puestos de trabajo. La razón por la que muchos prefieren estirar los horarios de trabajo de sus empleados responde a una estrategia de baja de costos para enfrentar la competencia. Pero esa situación se da en el país porque no funcionan los controles necesarios que obliguen a las empresas a pagar por esas horas extras. Si logran que el personal trabaje más por la misma paga, ¿para qué van a tomar nuevos empleados? En realidad es una forma indirecta de reducir los salarios.

¿Cuánto tiene que crecer la economía para que crezca el empleo?

–A partir de un crecimiento económico del 3,5 por ciento empieza a aumentar la tasa de empleo. Luego de esa cifra, por cada punto de incremento del PBI, el empleo crece un 0,6 por ciento. Si crecemos al 5 por ciento, la cantidad de puestos de trabajo subirá un punto anual.

FUERTE CRECIMIENTO DE LA PRECARIZACION
3,3 millones trabajan en negro
Por R.N.

Casi una década de alto desempleo alteró radicalmente la dinámica del mercado laboral. La balanza de oferta y demanda de puestos de trabajo se desequilibró en perjuicio de los trabajadores. La consecuencia es una creciente precarización de las condiciones de contratación. Según la consultora Equis, los trabajadores no registrados ya son el 38,2 por ciento del total, medio punto más que el año pasado. En total hay 3,3 millones de empleados mayores de 18 años que trabajan en negro, sin el beneficio de una obra social ni de una futura jubilación. Este registro es el máximo histórico y significa un crecimiento del trabajo en negro del 55 por ciento con respecto a 1990.

El 60 por ciento de los trabajadores informales son jefes de hogar. Y el salario promedio de esos empleados es un 40 por ciento más bajo que el de los registrados. En general, los trabajadores informales no cobran aguinaldo, vacaciones ni horas extras. Tampoco reciben salario familiar ni perciben ingreso alguno en caso de enfermedad. La mayoría de los trabajadores no registrados cuenta con escolarización hasta primaria completa y desarrollan tareas en establecimientos de hasta 25 empleados.

En su anterior gestión Cavallo disminuyó sensiblemente los aportes patronales con el argumento de que el abaratamiento del costo salarial redundaría en una rápida generación de empleos. Y que, además, esta rebaja incentivaría a los empleadores a registrar a sus nuevos trabajadores. La consecuencia más significativa de la disminución de los aportes fue el fuerte aumento del déficit fiscal. Pero la desocupación siguió creciendo y el trabajo informal se multiplicó. La prueba de que la rebaja de aportes no redundó en una formalización de las relaciones laborales es que en las zonas del país en las que la disminución de aportes fue más alta, el trabajo en negro supera al promedio nacional.

Otra de las ideas de Cavallo para generar empleo fue la flexibilización de las condiciones laborales. Entre ellas la disminución del costo de las indemnizaciones por despido. El razonamiento era: "Las empresas no toman gente en las épocas de bonanza económica porque temen que si luego viene una recesión no podrán despedirlos porque les sale muy caro". Pero, luego de la reforma, durante los años 1996 y 1997, en los que hubo un fuerte crecimiento económico, las empresas prefirieron estirar las jornadas laborales –en general sin abonar horas extras– que tomar nuevos empleados. Cuando comenzó la recesión, el bajo costo de los despidos incentivó una rápida disminución de las dotaciones.

Así, la desocupación fue flexibilizando de hecho las condiciones laborales y Domingo Cavallo primero y sus sucesores fueron blanqueando la nueva situación con sucesivas reformas laborales.

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Página/12,   lunes 11 de junio de 2001
GUILLERMO O’DONNELL, POLITOLOGO Y ENSAYISTA
"Hay síntomas de muerte de nuestra democracia"
Por Nora Veiras

Es autor de un clásico de la interpretación política argentina, "El Estado burocrático-autoritario". Docente en la Universidad norteamericana de Notre Dame, sigue con desvelo y preocupación la fragmentación social del país, la "insensibilidad" de los políticos, el "descreimiento hacia la política que avanza", el peligro del mesianismo autoritario. Critica duramente lo recesivo del sistema de impuestos y la costumbre de la marginalidad. Un análisis implacable de lo que nos está pasando.

–Hace seis meses, usted planteaba que en la Argentina se estaba viviendo un proceso de desmoronamiento lento de la democracia. ¿Cómo evolucionó o no esta situación?

–Veo con preocupación síntomas de aumento de las probabilidades de una muerte lenta de la democracia argentina. Esto tiene una sintomatología que incluye, para empezar, un creciente distanciamiento de la mal llamada clase política. Segundo, un notable estrechamiento de la agenda pública: cada vez se discuten cosas más pequeñas y más incomprensibles para la población. Los políticos se encierran en una rosca de internas y gobiernan muy poco. Omiten las grandes cuestiones nacionales y omiten proponer caminos para la solución. Un tercer síntoma es el de un gran fraccionamiento de los partidos en el Congreso y afuera. Y cuarto, una decadencia y escepticismo generalizado respecto de las instituciones y, sobre todo, de la legalidad. Estos síntomas fueron inventariados hace unos treinta años por un gran sociólogo español, Juan Linz, que escribía no sobre el breakdown de regímenes autoritarios sino sobre el breakdown de regímenes democráticos. Esta constelación de factores están presentes en la Argentina sumados no accidentalmente a una crisis económica y social que se reproduce a gran velocidad. Cuando estas cosas pasan, el peligro puede no ser por razones históricas circunstanciales el de una muerte rápida. Es decir el de un golpe militar sino una progresiva "descreencia" en la política y finalmente la llegada, por vía de argumentos demagógicos autoritarios, de líderes cuyo paso siguiente es terminar de truncar las libertades políticas básicas de la democracia política. La figura de Ruckauf asomando por ahí, me parece una encarnación, pero por cierto no la única, de este peligro de la muerte lenta. Ya ocurrió en Perú con Fujimori.

–A veces parece que los políticos que están en el poder generan conscientemente las condiciones para que estos liderazgos se convaliden...

–Parte del síntoma es el de una creciente insensibilidad de los políticos respecto del estado de la opinión pública. Por ejemplo, el asunto de los senadores votándose este seudoaguinaldo ya es cercano a María Antonieta diciéndoles a sus cortesanos "Bueno, si piden pan y no hay, denles tortas a los sans culottes". Eso muestra un grado de desaprensión y despegue de la gente que es un síntoma de estupidez. Si yo fuera un canalla vivo no me voto ese aguinaldo. No por las buenas razones sino por las malas. Creo que eso en parte es un reflejo y, a su vez aumenta, el tema de la estrechez de la agenda pública. A mí me parece notable los temas que no se discuten.

–¿Cuáles por ejemplo?

–Por ejemplo, sale la Unión Industrial Argentina colocándose a la extrema izquierda del Gobierno, hecho curioso, planteando un problema tan fundamental como el de anular el regalo a las empresas privatizdas que le hizo el ministro (Domingo) Cavallo, en su anterior encarnación y la reacción del señor Nicolás Gallo (secretario general de la Presidencia) fue decir que es un disparate. En situaciones en las cuales –sabemos el problema del déficit fiscal, la alternativa de bajarle sus magros ingresos a los jubilados– no plantear algo de tan obvia justicia como es ese regalo es una ausencia de discusión pública fenomenal. La segunda, está claro que la Argentina tiene uno de los regímenes impositivos más regresivos, más perversos del mundo, que ahoga a una clase media dependiente de su empleo y permite a los ricos evadir legal o ilegalmente y tener una de las tasas más bajas de tributación del mundo, dentro de un promedio bastante alto porque ahí refleja la asfixia de los que cobramos en relación de dependencia. Ahora el ministro Chrystian Colombo anunció que este tema va a entrar en la agenda, por supuesto me pregunto desde quélado y con qué propósito. Pero creo que no hay un país que pueda salir y plantear su futuro que no revise en un sentido apuntado a la equidad social a lo progresivo su sistema impositivo. Yo he preguntado por qué no se ponen estos temas y la respuesta es porque no, porque es peligroso, no es el momento... en otras palabras, creo que hay una gran cantidad de "imposibilistas". Cuando se estrecha así la agenda y todos los contenidos que podrían ser de transformación social quedan excluidos por supuesto que los conservadores ya ganaron. En política uno sabe que el gran elemento del poder es controlar la agenda: si yo logro sacar los temas que al otro le interesan y dejo solamente los míos y después digo: "Vení y discutí", ya gané.

–Según datos del Indec, en la Argentina hay 14 millones de pobres, ¿cómo puede esa gran fracción hacer valer sus derechos ciudadanos más allá del voto? ¿Cómo hacer que la democracia no se agote en el acto electoral y se quede indefensa ante la estafa de las promesas electorales?

–La pregunta refleja muy bien que partimos de una situación muy desgraciada y desfavorable. La Argentina ha sido casi destruida socialmente y eso marca puntos de partida muy difíciles, pero son los que tenemos. Creo que tenemos una cosa con lo que tenemos que hacer palanca: las libertades políticas de opinar, de organizarnos, de asociarnos. La gran pregunta es si estas libertades democráticas sirven o no para usarlas como un ámbito de protección y de arranque para pelear por otras libertades y por otros derechos. Uno de los problemas centrales de la Argentina es esta legalidad fraccionada.

–¿Qué quiere decir con legalidad fraccionada?

–Se ha dicho mucho que América latina y ahora Argentina son dualistas: están los incluidos y los excluidos. Yo creo que eso ya no es cierto. Desgraciadamente hay que hacer más complicado el problema porque según como lo veamos dependerá dónde luchamos, con quién y para qué. Empieza a perfilarse una legalidad triple en la Argentina: por un lado son los que están arriba de la ley que son los que casi no pagan impuestos, tienen policía privada, sus hijos van a escuelas y colegios privados, si tienen algún problema con el Estado ni lo ven, porque se lo arreglan directamente o si necesitan hacer un trámite pasan directamente a la oficina del jefe. Sienten que no tienen por qué pagar impuestos porque realmente han privatizado sus recursos de una manera fenomenal. Esa es la gente que nunca hace colas. Después estamos los que estamos dentro de la ley que somos los que si no cumplimos vamos al juzgado, demorará mucho, pero finalmente la ley se aplicará. Nosotros somos los que hacemos colas, algunos en los consulados otros para los trámites, para los juzgados, para las entradas. Para nosotros, entre nosotros esta legalidad existe, salvo cuando nos chocamos con un policía coimero. Hay una tercera franja que son los que están afuera de la ley. Esa gente se encuentra con el Estado, pero se encuentra con el Estado represor, no es un Estado que le reconoce derechos sino que sale a reprimir, que los considera de entrada peligrosos y que de vez en cuando para apagar algún incendio le tira algunos pesos de la manera más despectiva e insultante posible. Esa gente también hace muy pocas colas, pero porque no tiene a dónde ir, salvo largas esperas en hospitales, en el resto del tiempo tampoco hace colas, pero por razones opuestas a los de arriba. Creo que son legalidades: unos la de los que están eximidos por su poder, otros que sufren la cara más represora y después algunos, nosotros, que todavía estamos más o menos adentro. Hay que hacer un esfuerzo terriblemente complicado porque es a dos puntas: por un lado, dirigido a aquellos que se eximen para traerlos de vuelta por lo menos vía sistema impositivo y ahí, por supuesto, la respuesta es siempre la del chantaje: es decir si avanzás en esto o sí a los obreros le reconocían a los sindicatos, o si a las mujeres les reconocían el derecho al divorcio. Ahí está la pelea política, el coraje de avanzar y noquedarse aterrado temblando ante el primer canto de quiero retruco que le cantan a los políticos. Del otro lado, es extender la legalidad hacia los que quedaron afuera. Creo que cada rincón de la sociedad debe "civilizar" esta cara cruel y terrible. Son tareas largas, complicadas, son tareas políticas, sociales. No las va a hacer sólo ni una Organización No Gubernamental, ni el periodismo ni un partido político sino que tienen que ser confluencias cívico-políticos.

–¿Cómo juega en el reforzamiento de esta realidad el fracaso de lo que significó el proyecto de la Alianza entendido como un lugar desde el que se iba a tratar de hacer mínimamente justicia?

–Creo que el fracaso de la Alianza ha sido un factor de tremenda desilusión que complica este camino. Mirando históricamente el caso de países en grandes crisis: algunos nunca salieron y vegetan en la historia, otros salieron con esfuerzos empecinados porque en algún momento saben encontrar un eje de discurso y de conducta que convoca ansiedades, descontentos, esperanzas residuales en algo que lo que logra es –insisto– recuperar la agenda pública, es decir volver a tener la audacia del poder. Eso moviliza, articula fuerzas, produce sinergías que pueden sacar al país de esa imagen de un tren lanzado a alta velocidad hacia el precipicio. Como diría Max Weber por ahí un movimiento de palanca consigue desviar el tren hacia otro destino. Para eso no hay recetas, no hay ningún sabio o sabia que pueda predecirlo. Sobre todo hay que cobrarles mucho a los políticos, hay que demandarles, hay que preguntarles por sus silencios. Más importante hoy que enojarse con lo que hacen o deciden es enojarse con lo que no hacen con lo que no están planteando y eso tiene que ser una demanda social.

–¿Cómo analiza usted el derrotero de Carlos "Chacho" Alvarez que primero renunció a la vicepresidencia y después a la política?

–En la gestión de la Alianza yo tuve muchas ilusiones, me alegré mucho cuando ganó las elecciones. En el momento de la renuncia entendí personalmente por qué tomó esa decisión. A mí me parecía que a partir de eso "Chacho" tenía dos grandes asignaturas pendientes: una era retomar de forma serena y convincente las posiciones progresistas por las cuales lo habíamos elegido y segundo dedicarse a hacer del Frepaso un partido político en serio. Estas dos asignaturas básicamente aún siguen pendientes.

–En ese escenario, ¿cómo ve el crecimiento de la figura de Elisa Carrió?

–Lo de Lilita Carrió me parece muy, muy interesante, creo que está demostrando una serenidad, una integridad de carácter y un coraje admirables. Lo que ella dice acerca de que uno tiene que llegar a la madeja de lo que llama correctamente un Estado mafioso, es decir toda una red que ha penetrado en todos lados y tiene tentáculos afuera del justicialismo, creo que apunta a algo de enorme importancia. Me da la impresión que está haciendo la investigación con gran seriedad, sin apuros, sin querer lograr impactos espectaculares mañana. Así que la veo con gran interés y esperanza.

–¿Cree que puede ocupar el espacio que dejó vacante el fracaso de la Alianza?

–Ahí ya no sé. Creo que es prematuro. Me gusta que Carrió tampoco está apurada en saber eso. Estamos viendo el paso a paso y es bueno que uno no sepa todavía.

–Usted hablaba del chantaje de los sectores que están por encima de la ley cuando se los intenta tocar. ¿Cómo reaccionan esos sectores frente a la entronización de Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía?

–Ahí me mataste. Creo que hay un factor estructural. Es cierto que con la globalización el poder relativo del capital financiero sobre otro tipo de capital y sobre los estados ha aumentado en todo el mundo. Esa es laparte de verdad. También es cierto y se dice menos que esa cuota de poder en la Argentina es aún mayor gracias a la ayuda del proceso de destrucción de la estructura productiva argentina que inició victoriosamente el maldito Martínez de Hoz y que fue seguida por la hiperinflación y después empeñosamente por la gestión de Menem-Cavallo-Fernández de manera que ese sector financiero que actúa por sobre un Estado y una estructura productiva muy desvalidos, no es un hecho de la naturaleza es producto de políticas gravísimas que en nada han sido obligatorias. Frente a eso, la actitud desde hace tiempo es de rendición incondicional, donde ya no se negocia, donde frente a ese vacío completo de apoyo social, de intentos de discutir e introducir estos temas esta gente –comenzando trágicamente por Machinea y su equipo– van rendidos frente a un poder acostumbrado a extorsionar y a sacar la última libra de carne cuando puede. En esas condiciones es obvio que vamos a seguir pagando tasas de interés usurarias y no saldremos, lo cual devuelve la cuestión a las condiciones políticas, de renovar de afuera del gobierno, con apoyo de dirigentes políticos de diferentes partidos una agenda pública en la cual se discutan los temas que este tipo de sector dominante y sus aliados quieren continuar. Ellos anuncian el apocalipsis pero ese es el juego de la política. Si esta gente, algunas con buenas intenciones, participa de esta intención de prohibir que la gente se movilice, discuta, cree agenda por supuesto que llega perdiendo de entrada. Por qué no se intenta hacer una política en la que no moleste que discutamos, es la demanda que le hago todo el tiempo a los políticos.

–¿Cómo juega la corrupción en ese proceso de "domesticación" de tanta dirigencia política?

–A mí lo que me preocupa tanto como eso es la corrupción que ya no se sabe. El tema, por ejemplo, de los aguinaldos, donde lo que esta gente hace es apropiarse de algo público en beneficio privado. De hecho ignoran que el hecho de ser senador o diputado por definición es no tener relación de dependencia. Esta gente se apodera de este dinero sin ninguna conciencia de corrupción, tanto que primero lo hace por fondos reservados, después "Chacho" Alvarez hace una cosa que uno vio como muy simbólica que fue terminar con los fondos reservados con lo cual obligó a que esta gente salga a la luz. Sale De la Rúa enojado a decir que estamos en un momento de austeridad... El señor de la Rúa –yo me quedé obsesionado– en Semana Santa, se queda en Olivos y su mujer y sus hijos parten en el Tango O2 a Chapadmalal. En cualquier país medianamente organizado el hecho de que se usen bienes públicos como un avión para fines estrictamente privados hubiera dado lugar a un escándalo y la familia De la Rúa hubiera tenido que pagar hasta el último centavo de ese viaje. Ahora la familia De la Rúa usa eso también sin la menor conciencia de que están haciendo una apropiación privada de lo público. Yo no vi a nadie que se enojara por eso. Ese es el caldo en el cual nadan las grandes corrupciones. A eso va la idea de Estado mafioso de Carrió. Hay una serie de sobreentendidos.

–Se naturaliza la apropiación de lo público

–Creo que uno tiene que pelear todo: alguien le tendría que hacer un pleito a De la Rúa para que pague ese y otros viajes, para que nos devuelva lo que gastaron. Hay un gran autor alemán, Von Ihering, que tiene un librito precioso de las luchas por el derecho. Lo escribió en la época de la dictadura de Bismarck y decía que hay que luchar por los derechos aunque sea por cinco pesos porque si uno abandona estas pequeñas luchas uno con seguridad va a permitir que el derrumbe en general venga. Es cuestión de luchas moleculares en muchos planos y después nos reconoceremos horizontalmente, aprendiendo a demandar derechos, eso tiene que enlazarse con políticos que también tienen que transformarse en este proceso. Son luchas largas pero la otra es pasar de la preocupación al pesimismo a lo cual me niego.

–En este contexto cómo analiza la situación del ex presidente Carlos Menem. ¿Cree que puede ser un comienzo para que el poder no sea sinónimo de impunidad?

–Espero fervientemente que sí.

–¿Cree que sucederá o se pondrán en funcionamiento redes de protección que impidan avanzar?

–Realmente no sé. Estoy mirando.

–¿Se lo imaginaba hace seis meses?

–Realmente no. Esto me hace pensar que sigue habiendo sorpresas y a veces dependen de iniciativas muy focalizadas. Creo que se construye en prácticas, si uno hace un cálculo previo muy teórico puede ser más paralizante. Está muy bien enojarse, demandar, preguntar en voz alta.

POR QUE GUILLERMO O’DONNELL
Por Nora Veiras

"No soy pesimista. Soy una persona sumamente preocupada", aclara el politólogo Guillermo O’Donnell apenas empieza a analizar "el desmoronamiento lento de la democracia en la Argentina" y el riesgo de que el proceso termine en un "liderazgo autoritario". El autor del clásico Estado burocrático-autoritario, en el que en los 70 analizó el funcionamiento del poder en la Argentina, funda su preocupación en la restricción de la agenda pública que impide el debate sobre todo aquello que asoma como conflictivo y legitima un status quo en el que salen victoriosos los sectores más conservadores. Radicado en Estados Unidos y profesor de la Universidad de Notre Dame, llegó esta vez a Buenos Aires invitado por la Universidad Torcuato Di Tella.

Se obsesiona por la naturalización de ejemplos de corrupción como el uso de uno de los aviones oficiales para que la familia del presidente De la Rúa pase las Pascuas en Mar del Plata, confía en el trabajo de la diputada Elisa Carrió y sobre todo en su idea de desarmar la matriz mafiosa del Estado.

O’Donnell, quien a la luz de sus apreciaciones parece compartir sólo la misma sangre con Mario "Pacho" O’Donnell, adelanta una hipótesis de trabajo que lo desvela: "en Argentina ya no hay una dualidad ante la ley sino que hay tres fracciones: los que están arriba de la ley, los que la cumplen y los que están afuera de todo".

La posibilidad de desandar el proceso de segregación que plantea tres categorías ante la Justicia –los impunes, los legales y los reprimidos– sólo es posible a partir de la revitalización de la política. O’Donnell describe sin piedad la decadencia de los políticos como condición para que pueda resucitar "La Política".

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