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Más de sesenta organizaciones no gubernamentales se oponen a la firma del acuerdo, porque interpretan que el texto deja abierta las puertas de la Argentina a la recepción de los desechos nucleares producidos en Australia para su tratamiento en territorio nacional, violándose de esta forma el artículo 41 de la Constitución Nacional, que prohíbe expresamente el ingreso al país de "residuos radiactivos". Por su parte, quienes apoyan la ratificación del acuerdo, ven en la postura de los ambientalistas prejuicios antinucleares contrarios al desarrollo de una rama de la producción de alta tecnología en la que la Argentina se destaca a nivel internacional. Exportación high-tech En junio de 1998 la ANSTO llamó a licitación para el diseño, construcción y puesta en marcha de un reactor nuclear para investigación y producción de radioisótopos, con un presupuesto de 180 millones de dólares. Luego de un minucioso proceso de selección que duró dos años, INVAP S.E.- empresa estatal formada por el gobierno de Río Negro y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)- ganó la licitación para construir un reactor nuclear que reemplazará a otro inaugurado en 1958, en Lucas Heights, a 35 kilómetros de Sydney. En lo que específicamente se refiere a la exportación de tecnología nuclear por parte de nuestro país, la propia empresa INVAP cuenta con varios antecedentes importantes de construcción de reactores nucleares de investigación en otras partes del mundo, tales como Perú, Argelia y Egipto. En estos casos, la exportación de tecnología nuclear (incluyendo la construcción del reactor y la capacitación para su operación) no implicó ningún tipo de importación de elementos combustibles irradiados (ECIs) a la Argentina. Por el contrario, los contratos previeron el almacenamiento directo de estas sustancias en el mismo país. Aparentemente, el contrato firmado con Australia en el año 2000 sería sustancialmente diferente en este aspecto. De todas formas, la no ratificación del acuerdo por parte de la Argentina no implica un impedimento para la realización y puesta en marcha del reactor, sólo dejaría en stand-by la posibilidad de que dentro de quince años se traten en nuestro país los ECIs de Lucas Heights. Esperar y ver El punto conflictivo del acuerdo binacional está plasmado en su artículo 12, en el que se expresa que la Argentina asegurará el procesamiento fuera de Australia del combustible irradiado por el reactor. Luego de realizado este proceso todo el combustible acondicionado y todos los desechos radiactivos resultantes podrán regresar a su país de origen para su almacenamiento. Esto supone la posibilidad del eventual envío de combustible gastado del reactor para su acondicionamiento en la Argentina, en el hipotético caso de que la compañía francesa (COGEMA), que se ocupa de esta tarea en la actualidad, dejase de hacerlo en el futuro, cuando deban ser tratados estos combustibles (aproximadamente en el año 2017). Los opositores al acuerdo, representados en la comisión de diputados por Rubén Giustiniani (socialismo popular) y Carlos Raimundi (frepasista crítico), alertan acerca de que el acuerdo estaría aprovechando el vacío legal que hay en Argentina con respecto al tratamiento de los residuos nucleares. De hecho, la Ley Nacional 25.018 sobre el "Régimen de Gestión de Residuos Radioactivos", promulgada en octubre de 1998, preveía la elaboración de un Plan Estratégico de Gestión de Residuos Radioactivos. Este plan preparado por la CNEA nunca fue aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional, de manera que todavía no hay una política de estado definida sobre el tratamiento de los residuos radiactivos en la Argentina, por tal motivo no se procesan esas sustancias en el país, sino que son almacenadas. En eso consiste la doctrina del "wait and see" (esperar y ver) que se sigue a nivel local, como en la mayoría de los países del mundo en este momento. "Esperar y ver es lo más racional y también lo más barato", afirma Roque Pedace, biólogo egresado de la UBA especialista en políticas tecnológicas y coordinador de la Campaña de Energía y Cambio Climático de la organización Amigos de la Tierra. "¿Usted se operaría hoy si puede esperar cincuenta años sin riesgo adicional?", pregunta retóricamente Pedace, aludiendo al tiempo en que los residuos pueden permanecer guardados adecuadamente sin representar ningún peligro. La controversia Luego de que INVAP iniciara la construcción del reactor nuclear en las afueras de Sidney, a principios de abril de este año, en Argentina comenzó a discutirse en la Cámara de Diputados de la Nación la ratificación del acuerdo entre los dos países, suscripto en agosto de 2001 en Canberra, Australia. El texto fue aprobado por los senadores en noviembre del año pasado en una rauda votación "sobre tablas" sin discusión en comisiones. Dada la complejidad del tema planteado por el acuerdo, los diputados decidieron iniciar una ronda de consultas a diferentes especialistas que pudieran echar luz sobre el documento cuestionado. Durante los meses de abril y mayo expusieron ante la comisión de legisladores: el titular de la CNEA -José Abreata-, el gerente general de INVAP -Héctor Otheguy-, la embajadora de Australia en la Argentina -Sharym Minahan-, y representantes ambientalistas (Greenpeace, Vida Silvestre, Amigos de la Tierra y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires). Finalmente, fue convocada la presidenta de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), Diana Clein, quien respondió a las consultas técnicas de los diputados durante la primera reunión de comisión del mes de junio. La discusión sobre la constitucionalidad del acuerdo se centra en dos puntos. El primero se basa en la disquisición entre "combustible gastado" y "desecho radiactivo". El segundo punto se refiere a la diferenciación entre "ingreso transitorio" e "ingreso permanente" de los residuos provenientes de la actividad nuclear a la Argentina. Antonio Oliveira, químico egresado de la UBA y Secretario del Directorio" de la ARN resume la diferencia entre ECIs y residuos radiactivos: "Los elementos combustibles irradiados contienen en su interior, por un lado residuos radiactivos y por otro lado material utilizable. El reprocesamiento consiste justamente en separar ese material utilizable y dejar el resto como residuo. El elemento combustible irradiado tiene un uso previsible, posterior, y el residuo radiactivo no. Desde el punto de vista técnico -afirma el funcionario-, los elementos combustibles irradiados no son necesariamente residuos". Luego de consultar a diversos constitucionalistas, las autoridades de INVAP concluyeron que "no existe impedimento constitucional al ingreso temporario, a la Argentina, de elementos combustibles usados con el fin de acondicionarlos para su almacenamiento permanente en Australia". Según el análisis realizado por la empresa rionegrina, el contrato INVAP-ANSTO sólo prevé el ingreso "temporario" de "combustible gastado", en caso de que otro país no pudiera hacerse cargo de esta tarea. Como no se considera residuo al "combustible gastado" y el ingreso del combustible sería "temporario", el tratamiento en territorio nacional de los ECIs provenientes del reactor nuclear de Lucas Heights no sería violatorio del artículo 41 de la Carta Magna. Por su parte, quienes se oponen al acuerdo siguen una lógica de razonamiento contraria a la oficial. Juan Carlos Villalonga, Coordinador de Energía de Greenpeace Argentina, considera que en la definición de "residuo radiactivo" que establece la ley 25.018 se encuentran incluidos los ECIs que podrían llegar desde Australia. La norma invocada por el dirigente ecologista expresa que "se entiende por residuo radiactivo todo material radiactivo, combinado o no con material no radiactivo, que haya sido utilizado en procesos productivos o aplicaciones, para los cuales no se prevean usos inmediatos posteriores en la misma instalación, y que, por sus características radiológicas no puedan ser dispersados en el ambiente de acuerdo con los límites establecidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear". Para definir la resolución de comisión sobre el acuerdo, los diputados esperan recibir en los próximos días las respuestas de CNEA a un minucioso cuestionario que le fuera presentado al organismo por la diputada Lilia Puig, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología (bloque radical). Por otra parte, también se prevé una última consulta técnica, en este caso a constitucionalistas. * Verónica Engler es miembro del Centro de Divulgación Científica y Técnica de la Secretaría de Extensión, Graduados y Bienestar Estudiantil (SEGBE) de esta Facultad.
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En las próximas semanas la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación terminaría de
definir su postura en torno al controvertido acuerdo entre la república Argentina y
Australia sobre cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear. El acuerdo
convalidaría el contrato comercial -firmado hace casi dos años- por el cual la empresa
argentina INVAP (Investigación Aplicada) construirá un reactor nuclear para la
Organización Australiana para la Ciencia y Tecnología Nuclear (ANSTO, Australian Nuclear
and Technology Organization).