Documento elaborado por la Facultad de Economía y Administración
Universidad Nacional del Comahue
Agosto de 2001.

La transformación económica que ha experimentado la Argentina en los últimos años puede entenderse como resultado de un proceso de orden más general: la aplicación por parte de la mayoría de los gobiernos de América Latina de las políticas emanadas del denominado "Consenso de Washington" y recomendadas por los organismos internacionales, el gobierno de los Estados Unidos y sus principales centros académicos.

En nuestro país el delicado marco macroeconómico generado por la explosión hiperinflacionaria de 1989-1990 y la crisis institucional que derivó en la renuncia de Alfonsín antes de finalizar su mandato, crearon el ambiente necesario para que la administración Menem emprendiera sin mayor resistencia una estrategia de corte neoliberal, aún siendo radicalmente opuesta al confuso discurso pre-electoral.

Si bien el objetivo inmediato fue la estabilización monetaria, ésta estuvo acompañada por una serie de profundas reformas estructurales. Así, al Plan de Convertibilidad instaurado a partir de 1991, le siguió la aplicación de variadas medidas, cuyos ejes rectores fueron:

1. liberalización comercial y financiera, a partir de la apertura externa y bajos aranceles;
2. reforma tributaria;
3. flexibilización de los mercados;
4. reducción de la presencia estatal en la economía, materializada en el ajuste del gasto público, la política de privatizaciones y la desregulación.

Por este camino hemos llegado al "Estado Mínimo" que asigna reducidas partidas a educación, ciencia y tecnología, salud e inversiones públicas. Lo paradójico de la situación es que actualmente existe un superávit primario, ya que los ingresos son mayores que los gastos. Sin embargo, nuestra pesada deuda pública, por vía del pago de intereses y amortizaciones, transforma esta situación en deficitaria, como se demuestra en el siguiente cuadro:

La deuda externa argentina de los últimos tiempos tiene dos momentos de gran crecimiento. El primero creado por el autodenominado "proceso de reorganización nacional" de 1976 a 1983, donde de 9.700 millones de dólares se pasó a 46.100 millones de la misma moneda. El segundo, en la década menemista, donde de 60.000 millones se pasa a 140.000 millones cuando deja su mandato el hoy detenido ex presidente.

La deuda está repartida entre organismos internacionales de crédito (FMI, Banco Mundial, entre otros), bancos privados, operadores institucionales como AFJP y tenedores privados. Su representación son títulos y bonos con distintos vencimientos en el tiempo y diversas tasas de interés. Su cotización en los grandes mercados financieros del mundo comparada con la de los bonos del tesoro norteamericano de iguales características, determina el fatídico "riesgo país". En un círculo vicioso, la baja de los títulos argentinos en estos mercados hace subir el indicador del "riesgo país" y condiciona a eventuales nuevos préstamos que deben incluir tasas de interés astronómicas que cubran ese "riesgo país".

La gigantesca dimensión de la deuda en el presente y la recesión de nuestra economía que lleva más de tres años, conjuntamente con el estancamiento de los grandes países hegemónicos, han hecho socavar las posibilidades tradicionales de financiamiento de nuestro país y colapsar el esquema montado.

El gobierno ha tomado como camino para superar la actual crisis el objetivo del "déficit cero", o sea el presupuesto equilibrado mensualmente establecido. Los ingresos y los egresos del estado deben igualarse, adicionándose a estos últimos los pagos de los intereses y amortizaciones de la deuda. En este sentido, se han recortado los salarios de empleados públicos y jubilaciones, en una medida irritativa e inédita en la historia económica argentina.

• Avasalla la división de poderes del orden republicano al disponer que no se podrá ordenar ninguna medida cautelar que afecte el cumplimiento de las medidas dispuestas, siendo que ésta es una facultad del Poder Judicial.
• Impide el derecho a defensa que corresponde a todo habitante según el art. 18 de la Constitución Nacional, porque los jueces no pueden actuar ante las causas judiciales que se interpongan con motivo del decreto.
• Afecta la garantía constitucional del derecho de propiedad al no determinar un límite temporal para imponer deducciones a los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos, como numerosos antecedentes de jurisprudencia lo exigen.

• El recorte al presupuesto universitario afecta el derecho a la educación y condena a la Argentina al atraso tecnológico y científico.

• Nos sumerge en una trampa recesiva. El recorte a salarios y jubilaciones a partir de los $500 es dinero que se resta directamente del consumo, afectando por lo tanto a la producción, el empleo y también a la recaudación tributaria, como ya se ha verificado para el mes de julio, lo cual trae aparejado un nuevo recorte para el mes siguiente, y así sucesivamente ... ¿Hasta cuándo?

• Por supuesto que sí. Sólo debe existir la voluntad política de privilegiar los intereses de las mayorías frente a los de los acreedores y al voraz capital financiero.
• No todas las alternativas son extremas. Sin caer en el incumplimiento de los grandes compromisos, simplemente deben aportar a la solución de la crisis quienes ganaron con el modelo.

• Si todas las medidas propuestas se tomaran en conjunto, no sólo sería evitable el ajuste del decreto 896, sino que se podría poner en práctica medidas de reactivación como seguros de desempleo y programas de apoyo a la actividad productiva de micro, pequeñas y medianas empresas.

• Levantar el secreto bursátil, a fin de verificar que los tenedores de títulos hayan cumplido con todas sus obligaciones fiscales, caso contrario se podría descontar éstas de los dividendos.

• En lugar de Megacanje a tasas astronómicas que sólo patea el problema para el futuro, incentivar el rescate de bonos de la deuda externa a través de su aceptación como pago de deudas atrasadas impositivas y previsionales, e implementar una recompra consensuada de los títulos de deuda a valores de mercado, de modo de disminuir el capital de los créditos y por lo tanto el monto de los intereses.

Implementar una Regulación Financiera para permitir y facilitar el acceso al crédito a la actividad productiva.